Juan José Mussi fue uno de los viejos barones del Conurbano que estuvo con Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner cuando correspondiera. Le dejó como herencia política la intendencia de Berazategui a su hijo Patricio.
Fue designado por el kirchnerismo como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por ostentar ese cargo estuvo al frente de la Autoridad Cuenca Riachuelo Matanza (Acumar), el ente tripartito en el que conviven el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tiene la misión de sanear el Riachuelo.
El Acumar fue creado en 2006 y en 2008 fue conminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acelerar la tarea siempre postergada de la limpieza del Riachuelo.
Cuando el kirchnerismo lanzó la exposición Tecnópolis, la Presidencia invitó a Acumar para que tuviera un stand en la muestra.
El juez Claudio Bonadio investigó cómo fue el proceso por el que se contrató empresas para la construcción de los stands de Acumar en Tecnópolis en los años 2012 y 2013. La causa comenzó en 2013 y el año pasado fueron las indagatorias.
En 2012 Acumar contrató los servicios de gestión de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) para que a su vez contratara a los que finalmente diseñaron y construyeron el stand. Acumar pagó 20 millones de pesos por esa obra. Para conseguir ese dinero Mussi aumentó a 104 millones de pesos el presupuesto del área de Fortalecimiento Institucional de Acumar. Lo hizo sin el acuerdo de los otros integrantes del organismo interjurisdiccional. Ni la Provincia de Buenos Aires, que entonces era gobernada por Daniel Scioli, ni la Ciudad de Buenos Aires en la que mandaba Mauricio Macri, aprobaron aquel aumento de presupuesto.
La Untref cobró algo más de un millón de pesos por la administración del otorgamiento de los contratos. La Universidad –que no tiene carreras afines con la construcción como ingeniería o arquitectura- contrató de manera directa a empresas.
Las cuatro empresas que se presentaron para todos los rubros de la construcción fueron las mismas. Y ganaron cada una en un rubro. Se repartieron el negocio. O algo así. Porque varias de ellas tenían algunas personas que se repetían en las diferentes sociedades. Algunas de las empresas tenían domicilio falso. Y una de ellas, KUDI S.A, tenía como objeto social tareas relacionadas con la actividad petrolera y del gas.
En el expediente declararon técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), Sindicatura General de la Nación (Sigen) y contadores de la Corte Suprema de la Nación, quienes cuestionaron la contratación.
Para el juez Bonadio el armado del "negocio" fue amañado y por eso fueron procesados tanto Mussi como Aníbal Jozami, rector de la Untref.
En el año 2013 hicieron una licitación que ganó KUDI SA, una de las empresas que el año anterior había entrado en el "acuerdo". Ya KUDI S.A había modificado su razón social, para que el asunto no fuera tan desprolijo. Esta vez a esa empresa la contrataron por algo más de cuatro millones de pesos para mantener lo que ya se había construido el año anterior. Pero hubo que hacer dos veces la licitación porque habían puesto como condición que las empresas participantes hubieran tenido una facturación superior a los cinco millones de pesos en los últimos años. Como KUDI S.A no cumplía con ese requisito, barajaron y dieron de nuevo.
Por este contrato con KUDI S.A fue procesado solo Mussi. Tanto el ex secretario de Ambiente del kirchnerismo como el rector de la Universidad de Tres de Febrero fueron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
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