El escándalo vinculado a los airbags Takata adquirió repercusión mundial y se dimensionó a cifras históricas. La muerte de al menos diez personas por fallos en el sistema de inflado motivó la convocatoria a inspección de 90 millones de vehículos, sólo en Estados Unidos. Modelos afectados prácticamente de cualquier marca, como Honda, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, General Motors, Acura, Lexus, Volkswagen, Mazda, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Subaru y Toyota, deberán pasar por el taller en la inmediatez para reemplazar sus airbags defectuosos, en el marco de una coyuntura convulsionada sin dimensiones previsibles en la industria automotriz.
Takata es una empresa japonés líder en el mercado de proveedores en la prevención de accidentes. Curiosamente, ahora la responsabilizan por el deceso de una decena de personas y de haber causado lesiones graves a centenares de ciudadanos. De acuerdo a cifras estimadas, el proveedor de componentes de automoción deberá llamar a una revisión histórica a 90 millones de vehículos, el cuádruple de los coches identificados a la fecha.
El último siniestro mortal que acusa al airbag defectuoso ocurrió el pasado 22 de diciembre en el país norteamericano cuando un hombre de 52 años falleció a consecuencia del estallido de un aparato montado en su Ford Ranger modelo 2006. Tras ese episodio, Takata asumió potencialmente peligrosos 5,2 millones de sus dispositivos, reconociendo inconvenientes en el funcionamiento de sus suministros de larga data y cuyo desenlace se adivina simultáneamente trágico y lejano, dada la complejidad en su práctica.
El problema, admitido por las autoridades de la compañía, afecta a una de las piezas que conforman el activador del airbag. Cuando el vehículo interviene en un siniestro vial con la suficiente potencia para que el airbag entra en funcionamiento, la pieza defectuosa activadora del mecanismo se rompe de una forma no prevista por sus diseñadores, fragmentándose en pequeños trozos metálicos que, una vez que se impulsan con la fuerza del dispositivo pirotécnico, se convierten en una peligrosa metralla que causa graves daños a las personas. Las conclusiones en la investigación señalan al uso del nitrato de amonio (NH4NO3) como factor implicado en este problema técnico. El nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal formada por iones de nitrato y de amonio que suele utilizarse en el campo militar como explosivo de detonación controlada y también resulta popular entre las fuerzas terroristas por su fácil adquisición. Takata, de hecho, aceptó abonar una sanción equivalente a USD 70 millones comprometiéndose a eliminar el nitrato de amonio en sus dispositivos para 2018 y a considerar defectuoso a cualquier inflador que se active con este compuesto químico.
La empresa emitió un comunicado en el que expresa que los resultados de la coalición son congruentes con sus propias pruebas. Takata también acusó a la humedad como responsable en las fallas de sus sistemas de prevención: indicó que la edad y la exposición a largo plazo al calor y la alta humedad son factores trascendentales en casos donde los infladores no funcionaron de manera correcta.
Diez clientes de la marca proveedora crearon la Coalición Independiente de Pruebas, contrataron a una Orbital ATK, una compañía de ingeniería espacial, y designaron como director de la investigación a David Kelly, ex administrador interino de la Administración Nacional de Seguridad Vial en Estados Unidos. Autoridades de Toyota, BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan y Subaru respondieron con esta alianza a las frustradas explicaciones de Takata y al ritmo lento de la investigación.
Mientras la firma japonesa se exhibe conciliadora y cooperativa a los requerimientos empresariales y gubernamentales, las esquirlas del escándalo penetran en el seno de Takata. La masiva llamada a revisión vehícular contribuyó a una caída abrupta en la bolsa de Tokio de las acciones de la compañía, su jefe Shigehisa Takada está dispuesto a renunciar previo a la reunión con las automotrices y se prevén cerrar fábricas en Europa y recortar empleos en Sudamérica. Una serie de perjuicios que no contemplan detenerse enmarcados en una coyuntura escandalosa.
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