en el país andino, según desveló un informante de la Agencia Antidrogas de EEUU (
) en un documento judicial al que tuvo acceso la agencia de noticias
.
Entre los investigados está el
, ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en Minería, según el documento judicial.
La información sobre esta "operación en curso" la desveló Carlos Toro, informante para la DEA entre 1986 y 2015, quien interpuso el 8 de septiembre una demanda contra el gobierno de EEUU, al que reclama 5 millones de dólares para que reconozca su papel en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama "el caso Bolivia".
La lista de investigados, siempre según el informante de la DEA, se completa con Yidua Katty Orosco Torres, también conocida como "Katy Alcoreza", una ex policía nacional que ahora, como agente de los servicios de inteligencia y espionaje, –dice– se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal, cuyo nombre no se identifica en la denuncia.
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Un vocero de la DEA rechazó realizar algún comentario sobre esta demanda y la supuesta investigación de la Agencia Antidrogas al ser preguntado por Efe.
Según la denuncia, el informante jugó un papel "esencial" al recabar para la DEA la información necesaria para acusar de narcotráfico a personas del círculo cercano de Morales, ex sindicalista cocalero que, en 2008, expulsó del país a la DEA y al hasta entonces embajador de EEUU en el país andino, Philip Goldberg.
En el momento de su expulsión, Morales acusó a la DEA y a Goldberg de ser parte de un plan de conspiración contra su gobierno, denuncia que EEUU rechazó tajantemente y replicó expulsando del país al embajador boliviano Gustavo Guzmán.
Desde la salida mutua de embajadores, las relaciones entre ambas naciones se conducen a nivel de los encargados de negocios.