En un comunicado leído a la prensa, la Secretaría de Comunicación (Secom) acusó a esos medios de "distorsionar de manera grosera" las manifestaciones encabezadas por indígenas que iniciaron el 13 de agosto en Ecuador y que dejaron decenas de detenidos y heridos.
"Rechazamos y condenamos algunas de las publicaciones realizadas por los medios británicos The Economist y The Guardian, así como del periódico francés Le Monde, respecto a las movilizaciones (...) porque distorsionaron de manera grosera la realidad de los hechos", señaló la nota leída por un funcionario de la Secom.
Esos medios, agregó, "al parecer tienen una campaña sistemática en contra del gobierno ecuatoriano, como parte de una estrategia para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región, entre estos, Ecuador".
El sábado, Correa lanzó una campaña en redes sociales contra The Economist, The Guardian y Le Monde tras acusarlos de mentir sobre su gobierno al atribuirle una "brutal represión" de las protestas indígenas.
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"¡Que sepa esta gente que estamos hartos de sus mentiras, que no les creemos!, así es que todos a enviarles miles de tuits a estos mentirosos, a esta prensa corrupta internacional", dijo el presidente en su programa semanal de radio y televisión.
La Secretaría de Comunicación añadió que estos medios europeos no han publicado pedidos de rectificación enviados por las embajadas de Ecuador y citó el ejemplo del diario español El País, al que el Gobierno le ha enviado ocho cartas.
"Vergonzosamente, ninguno de los pedidos de rectificación ha sido publicado por el medio español y luego se 'rajan las vestiduras' diciendo que hacen periodismo responsable. (...) ¡Mentira!", señaló la secretaría.
El presidente ecuatoriano, en el poder desde 2007, vincula a varios medios privados locales con un movimiento de oposición y los acusa de alentar una campaña de desestabilización contra su gobierno.
Correa aprobó Ley de Comunicación en 2013, que aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre medios públicos, privados y comunitarios. Organizaciones de periodismo y libertad de prensa tildan la norma de "ley mordaza".
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