Preocupación en Rosario por amenazas contra jueces y fiscales

Mala época para la magistratura. A la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, en la que se presume que hubo detrás una mano negra, en Rosario se profundizó el acoso del hampa vinculada al tráfico de estupefacientes contra los funcionarios del Poder Judicial. Tal es el malestar que los letrados provinciales están armando como propuesta la creación de una fuerza policial especial destinada a protegerlos de las organizaciones criminales.

La iniciativa surge del Colegio de Magistrados de Santa Fe, y será puesta a consideración del gobierno de Antonio Bonfatti y de la Corte Suprema de Justicia. "Necesitamos protección porque hay bandas criminales con recursos económicos y tecnológicos que intimidan a integrantes del Poder Judicial", sostuvo Ariel Ariza, presidente de la entidad.

El titular de los magistrados santafesinos señaló que la decisión de patear el tablero tuvo impulso luego de "una suma de amedrentamientos y amenazas que se incrementaron en los últimos tres meses" contra jueces y fiscales provinciales que están al frente de investigaciones vinculadas con grupos delictivos. Puntualmente, alarmó el hecho de que dos jueces y una fiscal hayan recibido mensajes intimidatorios el mismo día.

"Hemos notado que se dan hechos inéditos que en otras circunstancias no ocurrían", dijo Ariza, quien recordó las escuchas telefónicas de 2014 en las que un policía detenido y un preso hablaban sobre un presunto plan para matar a un juez o un fiscal de Rosario.

En relación a la propuesta, Ariza indicó que los miembros del cuerpo especial de efectivos deben ser "personas que se capaciten, con un profesionalismo específico para dar garantías al proceso". "Cuando se toma a un personal que está trabajando en una comisaría y se lo afecta a una custodia, no deja de ser temporario y la respuesta es superficial", consideró.

La iniciativa, además, se trasladaría también a otros actores fundamentales para la resolución de este tipo de causas. "No queremos contar con privilegios. Nosotros también reclamamos para que los testigos puedan declarar sin sufrir el terror al que son sometidos", afirmó el presidente de los magistrados. Se trata de un punto sensible crucial, y que tendría ya la aprobación del gobierno local. Uno de los casos emblemáticos de vulnerabilidad de testigos fue el de Norma Bustos, que terminó asesinada en noviembre pasado en el barrio rosarino de La Tablada, luego de haber denunciado a las bandas de la zona que mataron a su hijo Lucas Espina, el 27 de enero de 2013.

Otros amenazados de muerte fueron el juez de Instrucción, Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini. Ambos magistrados procesaron en febrero de 2014 a 35 integrantes de la banda narco rosarina Los Monos.

Actualmente, los funcionarios judiciales santafesinos no cuentan con custodia especial, salvo que la pidan. Además de doce jueces, uno de los nombres destacados que cuenta con protección son el gobernador Antonio Bonfatti, cuya casa fue blanco de un atentado a balazos el 11 de octubre de 2013, y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que fue amenazado ocho veces en los últimos dos años.

El recrudrecimiento de la violencia en Santa Fe tomó escala nacional con el escándalo que conllevó la caída de toda la cúpula policial provincial, fuertemente ligada al negocio narco. La espiral de enfrentamientos entre bandas se profundizó cuando uno de estos grupos liquidó, el 1 de enero de 2012, a tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán en la zona sur rosarina, creyéndolos miembros de otra banda enemiga. Eran inocentes.

Desde el triple crimen, hubo más de 600 muertos vinculados a la guerra narco y las investigaciones pusieron de manifiesto que la jerarquía policial era cómplice de este entramado delictivo. En ese lapso, fueron desplazados el jefe policial, Hugo Tognoli, y el comisario Cristina Sola, quien manejaba las áreas de Drogas, Tropas de Operaciones Especiales y lucha contra la trata de personas en el sur santafesino.