Amnistía Internacional exige la liberación de Leopoldo López

Leopoldo López, líder del partido de la oposición venezolana Voluntad Popular, debe ser liberado inmediatamente en cumplimiento con la recomendación de agosto de 2014 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Leopoldo López se entregó a la Guarda Nacional durante una manifestación contra el gobierno convocada por su partido en una plaza del este de Caracas, el 18 de febrero de 2014 y lleva detenido desde entonces.

El 19 de febrero, compareció ante un tribunal que concluyó que no había pruebas para acusarlo de los graves delitos enumerados en la orden de detención, que incluían terrorismo, homicidio y lesiones graves, pero que había indicios de otros delitos, como incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir.

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Estos delitos conllevan una pena máxima de 10 años de prisión. La juez ordenó la prisión preventiva de López hasta que se conocieran los resultados de la investigación de la fiscalía.

Cuatro meses después, el 4 de julio de 2014, la juez resolvió admitir los resultados de la investigación del Ministerio Público y que había indicios suficientes para llevarlo a juicio. Además, decidió negar la libertad bajo fianza mientras esperaba la celebración del juicio.

Leopoldo López lleva ya más de cinco meses en prisión preventiva en el Centro Nacional de Procesados Militares CENAPROMIL, una prisión militar en Los Teques, en la afueras de la capital, Caracas.

A Amnistía Internacional le preocupa que el encarcelamiento de Leopoldo López parezca estar basado en razones políticas. La orden de detención fue emitida al día siguiente de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, acusaran públicamente a López de ser responsable de la violencia desencadenada durante las protestas contra el gobierno; por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió su encarcelamiento al día siguiente de su detención.

"A Amnistía Internacional le preocupa que el encarcelamiento de Leopoldo López parezca estar basado en razones políticas"

Estas acusaciones públicas del poder ejecutivo, sin contar con el respaldo de pruebas verosímiles, no transmiten un mensaje claro de que las autoridades respetan la imparcialidad y la independencia del sistema judicial, y hacen dudar de que se esté respetando el derecho a la presunción de inocencia de Leopoldo López, lo que es crucial para un juicio justo. Se han puesto en duda la independencia y la imparcialidad del sistema judicial -una piedra angular del Estado de derecho- y, por tanto, la imparcialidad de su juicio es cuestionable desde el principio.

El 26 de agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró la detención de Leopoldo López arbitraria e hizo un llamado al Gobierno para liberarlo inmediatamente. En su Opinión, adoptada por el Grupo de Trabajo en su 70 período de sesiones, el Grupo observa que no es la primera vez que Leopoldo López enfrenta procesos legales y "sufrido represalias".

El Grupo de trabajo concluye que "la detención del Sr. López el día 18 de febrero de 2014, al haberse ejecutado sin orden emanada de autoridad judicial; haberse extendido por un período de más de seis meses; haberle expuesto a aislamiento; no habérsele otorgado la libertad provisional -sujeta a caución si fuere necesario-, y por los obstáculos puestos a los abogados defensores incluyéndose la censura de sus comunicaciones con el detenido, afecta el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial y al debido proceso.

Recomendaciones

Amnistía Internacional exhorta al Gobierno de Venezuela a acatar la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Nacionales Unidas y liberar a Leopoldo López inmediatamente.

Información adicional

En febrero y marzo de 2014, Venezuela se vio sacudida por protestas multitudinarias tanto a favor como en contra del gobierno en diversos puntos del país. Los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se saldaron con 43 muertos y cientos de heridos, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y viandantes.

Según la Fiscalía General, a mediados de marzo se había detenido a más de 2.100 personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad pocos días después, pendientes de más investigaciones. El juicio de Leopoldo López, que ha pedido a sus seguidores que protesten pacíficamente exigiendo la renuncia del gobierno, se está tramitando en este contexto.