En el último día hábil del año, Alejandra Gils Carbó nombró 16 fiscales a través del nuevo Código Procesal Penal que todavía no entró en vigencia. Pero su polémica jugada fue ahora frenada por la Justicia: el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico dictó una medida precautelar para impedir que asuman los funcionarios nombrados por la procuradora general de la Nación.
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