El ministro Julio Alak fue citado para el próximo miércoles 17 de diciembre junto con Vilma Castillo, ex directora de Aerolíneas y actual integrante de la Auditoría General de la Nación.
Ambos fueron llamados a indagatoria por el juez Marcelo Martínez De Giorgi por su actuación en la firma del acta acuerdo con el Grupo Marsans antes de que la empresa fuera estatizada, según anticiparon fuentes judiciales a Infobae.
El ahora ministro de Justicia de la Nación está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber avalado con su firma el acta acuerdo en la que el Estado se habría comprometido a hacerse parte de la deuda de la empresa antes de que fuese estatizada. En ese documento, el gobierno nacional se comprometió a incrementar su participación en la empresa del 5% que poseía, al 20% que pasó luego.
En septiembre de 2008, el Congreso de la Nación sancionó la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas. Ya en ese momento, la oposición denunció que el texto no decía cuánto saldría la operación ni quién se haría cargo de la deuda de 890 millones de dólares que dejaba el grupo empresario.
La voz del acusado
Horas después de conocerse el llamado, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que Alak dijo no conocer "absolutamente nada" de la causa. De todos modos, consideró "llamativo" que se lo cite a declarar "a fines de 2014, cuando la causa, supuestamente, se inició en 2008, conforme lo indica la citación".
"Daré todas las explicaciones pertinentes cuando conozca el contenido de la causa y concurra a prestar declaración.Si se tratare de lo que difunden los medios, debo decir que, como ex Director por el Estado en Aerolíneas Argentinas, he defendido con honestidad y transparencia los intereses de la empresa y el patrimonio del Estado Nacional", indicó el funcionario.
La citación de Alak se da en medio del enfrentamiento que el Poder Ejecutivo inició contra el Judicial después de que el juez Claudio Bonadio comenzase a investigar a la familia presidencial como parte de la causa Hotesur. Luego de que el magistrado ordenó allanar una empresa de los Kirchner, el Gobierno denunció un "golpismo activo" por parte de los Tribunales.
Este miércoles, el oficialismo logró sancionar a Bonadio con el descuento de un 30% de su sueldo. Con ayuda de la nueva presidente del Consejo de la Magistratura, la jueza Gabriela Vázquez, el kirchnerismo aprobó el castigo por 7 votos contra 6.
En cuanto se conoció la sanción, buena parte del arco opositor salió a rechazar la medida. Un dirigente del PRO incluso llegó a proponer hacer una colecta para recaudar la parte del sueldo que le será descontada a Bonadio. El titular de la CGT Celeste y Blanca, Luis Barrionuevo, llegó incluso a ofrecer que su sindicato de empleados gastronómicos le pague lo que le sea descontado. Por ahora, el juez no respondió a ninguna de esas ofertas.
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