El juez federal Santiago Ulpiano Martínez procesó al periodista Germán Sasso, director del portal La Brújula, quien publicó una serie de escuchas que complicaron la situación judicial del presunto narco Juan Suris. Pero el magistrado lo procesó porque asegura que esos audios tuvieron un origen ilícito y exige que el cronista revele cómo los consiguió, pese a que la protección de las fuentes es un derecho reconocido por la Constitución y ratificado por la jurisprudencia, la doctrina y varios tratados internacionales.
A Martínez lo conocen en Bahía Blanca por sus gustos por el rugby y la gastronomía, pero es más famoso por las reiteradas denuncias en su contra de organismos de derechos humanos que lo acusan de demorar causas u obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la última dictadura militar.
Egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1990, Martínez ingresó a la Justicia en 1981, en plena dictadura, como auxiliar en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22, donde escaló durante una década. Su padrino dentro de la familia judicial bahiense fue el ex juez federal Luis Armando Balaguer, condenado a prisión por varias estafas y falsificación de documentos.
Ya con el título bajo el brazo, en 1991 fue nombrado secretario del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, cargo que ocupó hasta 2009, cuando lo ascendieron a juez subrogante. En 2012 se pasó al otro juzgado federal de la ciudad del sur bonaerense, donde actualmente sigue ejerciendo como titular.
El Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca tiene fama de beneficiar a represores desde que en los 70 su titular era Guillermo Madueño, quien llegó a estar preso por su rol durante la dictadura, luego de que estuviera prófugo durante un tiempo y la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo capturara en suelo porteño.
Alcindo Álvarez Canale, el predecesor de Martínez, también renunció en medio de denuncias por complicidad con represores, y se tuvo que apartar en la causa que investigaba a la Armada luego de que denunciaran que su esposa fue personal civil de esa fuerza en los años de plomo.
En octubre de 2010, Martínez fue criticado vía Twitter por la presidente Cristina Kirchner, porque a través de una medida cautelar ordenó que el Estado y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) suspendieran la reorganización de la grilla de televisión.
Aquella vez, la primera mandataria recordó que en abril de ese año Martínez rechazó el pedido de extradición del represor Alfredo Astiz que hizo el gobierno de Francia, para juzgar al ex marino por las desapariciones de las monjas Leónie Duquet y Alice Domon.
El magistrado también fue criticado por negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, de posibilitar la fuga del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo y de favorecer al capellán Aldo Omar Vara, quien confesó que recomendaba a los cadetes del Ejército no contar nada sobre las sesiones de tortura.u /u
Martínez también fue blanco de críticas cuando rechazó los pedidos de indagatoria de dos fiscales al director del diario iLa Nueva Provincia/i, Vicente Massot, y a su jefe de redacción en los 70, Mario Gabrielli, acusados de colaborar con la desaparición de dos obreros que trabajaban para el periódico y militaban en el sindicato de Artes Gráficos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Esa publicación todavía defiende el último gobierno militar. Paradójicamente, en su decisión el magistrado defendió la libertad de expresión, la misma que le niega al director de iLa Brújula/i.
"El juez no conoce la Constitución. Ha atropellado todos los derechos de los periodistas, de la libertad de expresión. Además les ha metido miedo a todos los periodistas que tenemos en la radio y en la página. Y, fundamentalmente, atenta contra las personas que se estaban enterando de detalles de la investigación", evaluó Sasso hoy en declaraciones radiales. Y acusó a Martínez de "tener escondidos" los audios que publicó.