A casi 12 años del asesinato de María Marta García Belsunce, en un episodio oscuro que generó un enorme debate durante más de una década, el hermano de la víctima se encuentra en una situación desesperante porque no consigue empleo para garantizarse condiciones dignas de subsistencia.
En libertad tras haber pagado una millonaria fianza que le permitió dejar la cárcel luego de haber sido condenado por encubrir el homicidio que conmovió al país, Horacio García Belsunce sorprendió al publicar un mensaje en su cuenta de Facebook para pedir empleo.
"Como comprenderán no me fue fácil llegar a escribir esto acá, pero NECESITO LABURO. Si alguien me puede dar una mano, se los voy a agradecer. Gracias", posteó el abogado y periodista.
En el año 2011 había trascendido que no pasaba por un buen momento económico. Y el propio García Belsunce reveló que trabajaba de remisero para poder cubrir los costos de su programa de televisión en el cable.
En esa misma época destacó que se desempeñaba como chofer de alquiler, pese a que tenía una gran cantidad de contactos: "Me gustaría que alguno de todos ellos dijera que yo levanté el teléfono alguna vez para llamarlo. Si hay alguno de todos esos contactos, que llamen".
Su realidad empeoró y ahora se vio obligado a pedir ayuda incluso a los contactos que tiene en las redes sociales. El pedido provocó numerosos mensajes de apoyo y alguna promesa de gestión para asistirlo.
Un crimen resonante
María Marta García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera. Su marido, Carlos Carrascosa, instaló desde el momento del hallazgo la hipótesis de que su esposa había sufrido un "accidente en el baño" y se había golpeado con las canillas.
Sin embargo, una autopsia practicada recién a 36 días del hecho comprobó que la mujer había sido asesinada de seis balazos en la cabeza y el viudo se convirtió en el principal sospechoso para el fiscal de la causa, Diego Molina Pico; finalmente fue condenado a prisión perpetua y sigue detenido.
Los familiares quedaron bajo la lupa de la Justicia (y fueron condenados) por encubrimiento, debido a que cometieron una serie de acciones como haber tirado al inodoro la famosa "bala-pituto", pedir que la policía no concurra a la casa y gestionar un certificado de defunción "trucho".