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Acusaron a una empleada del Ministerio de Desarrollo Social por la toma de tierras en Lugano

Se trata de Marta Yané, integrante del Movimiento Evita Capital y contratada por el ministerio que conduce Alicia Kirchner. Las escuchas del caso

Imagen tomada el día siguiente al desalojo del asentamiento \Papa Francisco\" en Villa Lugano " Adrián Escandar 162

La toma del predio de Villa Lugano conocido como "Papa Francisco" puso al desnudo los "trapos sucios" de la política, aquella que por punteros y por medio de las mafias abrió negocios para unos pocos, en perjuicio de familias humildes desesperadas por tener un lugar donde vivir.

La investigación del predio que permaneció tomado unos seis meses hasta que fuera desalojado el 23 de agosto pasado apunta a quienes intervinieron a promover la ocupación, y sostenerla. El fiscal en lo penal y contravencional porteño Carlos Rolero acaba de acusar a Marta Yané, una integrante del Movimiento Evita Capital, una organización social afín al kirchnerismo y que en estructura nacional tiene como líder al dirigente Emilio Pérsico.

Yané también es colaboradora de la legisladora porteña del kirchnerismo María Rachid y tenía contrato en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue desde la cartera que conduce Alicia Kirchner que se informó al fiscal que estaba bajo contrato.

Movimiento Evita 162

En septiembre Yané fue indagada. Se la acusó de ser partícipe, "destacándose como relevante la utilización de sus vínculos políticos y el nexo establecido con los autores de la toma del predio", de la usurpación masiva, mantener la toma y evitar el desalojo que se intentó en más de una ocasión.

El fiscal Rolero la acusó de ser organizadora de la toma y presionar a los ocupas para no irse del lugar, y con finalidad de tener un rédito económico. La sospecha es que funcionó una organización que financió la toma, y que la maniobra consistía en lotear el terreno para luego ponerlos en venta.

La investigación incluye varias horas de escuchas, algunas de las cuales comprometen a Yané. Se trata de conversaciones que durante la toma ella mantuvo con Emmanuel Ríos, quien para la fiscalía fue uno de los líderes de la toma del predio y a quien pidió enviar a juicio por el delito de usurpación. La titularidad de la línea del teléfono de la cual surge la escucha de Yané en verdad está asignada a otra persona aunque pertenece a Desarrollo Social.

A continuación, un extracto de las escuchas.

--Ríos: Yo te quería decir si me podrías dar una mano para conseguir un "laburito".

--Yané: Bueno dejame ver, ¿si? Lo que pasa es que habría que conseguir algo pero que no tengas quilombo con el horario, porque si después tenes que estar yendo a las reuniones tenés que tener tiempo, tenés que poder hacerlo. Dejame ver, me empiezo a mover por eso.

--Ríos: Dale, dale.

--Yané: Después si querés llevo las chapas y algunos tirantes y vemos si podemos empezar a levantar ahí si querés.

También consta otra escucha en donde Yané le acercaba un "laburo" a Ríos.

--Yané: Manu, ¿cómo andás?

--Ríos: Bien....

--Yané: Escuchame, te digo una cosa, obviamente no lo comentés con nadie... A ver si te sirve, estoy atrás de un "contratito" para conseguirte para vos, hasta que veamos algo más de laburo, mientras tanto lo que te conseguí por unos meses son 1.500 mangos, ¿te arrima? ¿Te sirve?

--Ríos: Sí, ni hablar.

--Yané: Yo sé que no es mucho, pero bueno, tironeando con eso, con mercadería, con cosas que te vayamos pudiendo meter.

--Ríos: Después va a dar sus frutos.

--Yané: No, está bien, me preocupa, no quiero que estés sin un peso. Lo que podemos conseguir por ahí va a llevar un poco de papelerío, mientras tanto lo que te puedo conseguir es arrimarte 1.500 mangos.

--Ríos: Dale, después me avisás los requisitos.

--Yané: Tranquilo, lo hablamos.

En su indagatoria, Yané explicó que intervino para tratar de dar una solución del conflicto, y que ante la falta de asesoramiento jurídico que tenían los ocupas "es ahí que llaman al despacho de la Legisladora Maria Rachid y le piden asesoría".

No obstante, negó conocer "organización alguna en la toma del predio" y aseguró que su colaboración fue "humanitaria".

La integrante del Movimiento Evita no es la única imputada en el caso con contactos políticos. También el fiscal acusó a Marcelo Chancalay, un referente de la Villa 20 lindante a donde se había instalado el asentamiento "Papa Francisco", y él mismo en el proceso de un juicio abreviado confesó su responsabilidad en orquestar la toma, aunque luego dijo que lo hizo bajo coacción y retrocedió.

Chancalay fue empleado por muchos años del Gobierno de la Ciudad, y tuvo vínculos con el PRO y UNEN. Incluso, testigos aseguran que él los incitó en varias ocasiones para asistir a actos que lideraba Cristina Kirchner como presidente. Ahora, la jueza en lo penal y contravencional Gabriela López Iñiguez deberá decidir si da por válido el juicio abreviado que se acordó con la defensa de Chancalay o bien resuelve que sea sometido a debate oral.

La toma en Lugano no fue la primera en desnudar los trapos sucios de manejos políticos y el negocio de algunos, en jugar con la desesperación de los más humildes para hacer plata. También ocurrió durante la toma del Parque Indoamericano y del Club Albariño.

El temor es a que se repita, incluso hubo un intento de recuperar la toma del predio una madrugada de agosto, cuando un grupo de personas a los tiros intentó hacerlo, por lo que algunos policías de la Metropolitana, encargada de custodiar el lugar, fueron heridos.

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