Maestros mexicanos toman sedes de gobierno por la desaparición de los 43 estudiantes

Los ayuntamientos de Tlapa, Huamuxtitlán, Chilpancingo, Atenango, Copalillo e Iguala fueron tomados de manera pacífica por los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), quienes se sumaron a las manifestaciones por la aparición de los 43 jóvenes normalistas secuestrados hace casi tres semanas y presuntamente asesinados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Según recoge el periódico mexicano Milenio, el palacio de Chilpancingo, sede de gobierno del estado de Guerrero, está ocupado desde la tarde del martes, por lo que el alcalde Mario Moreno solicitó a los maestros que lo regresasen. Sin embargo, en asamblea los profesores rechazaron la petición. En Taxco de Alarcón y Chilapa, los empleados del ayuntamiento retiraron por precaución documentación oficial, computadoras y objetos personales.

Además de los seis ayuntamientos que ya tomaron, los maestros de la Ceteg amenazaron con tomar todas las sedes de gobierno municipales de Guerrero, 81 en total. Las medidas de fuerza fueron tomadas para incrementar la presión sobre las autoridades para que los encuentren con vida, aunque todo indica que los jóvenes fueron ejecutados.

En todo México, medio centenar de organizaciones sindicales y sociales organizaron marchas. También se prevén bloqueos de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de Acapulco, donde también se llamó a una gran manifestación el viernes.

"El acuerdo es seguir la movilización para presionar al Estado. Va muy lento el trabajo (de búsqueda), no hay nada hasta el momento", dijo a la agencia AFP Tonantzin Beltrán, miembro de la Ceteg. Mientras la tensión sigue en aumento, el presidente Enrique Peña Nieto pide tiempo para esclarecer este caso, que ha llamado la atención mundial y que está plagado todavía de interrogantes.

Los jóvenes, de entre 18 y 21 años, pertenecían a una escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa y habían ido a Iguala a recaudar fondos. Cuando se retiraban en buses escolares, fueron emboscados por la policía municipal y miembros del crimen organizado. Las autoridades sostienen que los 43 estudiantes que sobrevivieron a los ataques, en los que hubo seis muertos, fueron entregados por policías de Iguala y de la vecina localidad de Cocula a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Basándose en testimonios de sicarios detenidos, los investigadores sospechan que los jóvenes fueron asesinados y enterrados en algunas de las numerosas fosas clandestinas halladas después en los cerros de Iguala, un feudo de los criminales donde se deshacen de sus víctimas. Las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que entre ellos no están los estudiantes, pero sumaron otro capítulo de horror a este caso.

Ahora hay otras 28 personas, que no se sabe quiénes son, que fueron asesinadas y enterradas en Iguala, como al menos otra cincuentena en lo que va de año en esta localidad, bautizada "cementerio clandestino" por sus propios y aterrados habitantes.

Los familiares de los jóvenes se resisten a creer que ése fue el destino de sus hijos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos. La Fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías-, pero admite que aún no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.

La Fiscalía reportó, la noche del miércoles, la detención de Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de los Guerreros Unidos. Según la Fiscalía, Núñez Salgado entregaba cada mes 43.000 dólares al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala y su esposa.

La mujer del edil, hermana de tres narcotraficantes, es señalada de pedir a la policía que actuara contra los estudiantes por temor a que arruinaran un discurso que iba a ofrecer como responsable local de un organismo público de protección a la infancia.