Polémica: Posse ofrece $350 mil para que las familias de una villa se asienten en otros municipios

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó un plan para erradicar un barrio humilde instalado "desde hace 30 años" en la zona. A cambio, le ofrece a los vecinos la suma de hasta 350 mil pesos siempre y cuando sean utilizados en una propiedad que se encuentre fuera del distrito.

El proyecto de ordenanza fue enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento y establece, sin más, la expulsión del asentamiento Uspallata, ubicado en la localidad de Béccar. En el documento se indica que se abonará el subsidio a la gente despojada de su vivienda "para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias". Eso sí, en el texto se aclara que sólo "ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan" los vecinos podrían comprar o construir inmuebles "ubicados en San Isidro".

El repudio al proyecto del jefe comunal del Frente Renovador no tardó en llegar, incluso desde referentes de su propio partido. El senador provincial y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, consideró que la decisión del intendente de "erradicar" el asentamiento es "discriminatoria y ofensiva hacia los vecinos".

"El hecho de que el jefe comunal ofrezca un subsidio de 350.000 pesos a los habitantes de esas tierras con el fin de que se radiquen en otras provincias o municipios es sumamente ofensivo", señaló en declaraciones a la agencia Télam. Y remarcó que se trata de vecinos que "viven allí desde hace 30 años". Para el legislador massista, "sería más prudente que el intendente Posse trabaje para urbanizar los barrios" y no caiga en este tipo de medidas que van "en contra de todas las normas".

Desde la Intendencia, fue el secretario general Ricardo Rivas el que explicó la iniciativa: "No se trata de un acto de discriminación porque habilita a los vecinos a que compren en otro municipio, porque con ese monto no les alcanzaría para invertir en la zona debido a los valores inmobiliarios".

"Concluido el plan y erradicadas las viviendas y sus pobladores, el Ejecutivo procederá a la venta del predio, (ubicado en Iberlucea y Padre Acevedo de la ciudad de Béccar), mediante los procedimientos previstos por las leyes que lo rijan", dice el texto del proyecto, lo que alienta especulaciones sobre la posibilidad de utilizar el predio para algún emprendimiento privado.

En ese sentido, la concejala Jacqueline Girassolli, del bloque PJ-FpV, dijo que "la municipalidad pasó a ser una suerte de holding inmobiliario estatal" y agregó que "Posse no quiere que haya gente pobre en el distrito".

En tanto, el subsecretario de Modernización del Estado Provincial, Santiago Cafiero, advirtió: "En la reiterada idea de favorecer los emprendimientos inmobiliarios, el intendente tomó la decisión de comprarle la propiedad al dueño y, en vez de generar un proyecto de urbanización que le permita a los vecinos del barrio ingresar en un sistema de pagos para adquirir las viviendas que habitan, les ofrece un subsidio para que se vayan a otro distrito o provincia sin darle ninguna oportunidad de quedarse en el lugar donde han desarrollado toda su vida". Para el funcionario sciolista, "el Plan de Realojamiento es una locura y está viciado de acciones discriminatorias y rasgos de inconstitucionalidad".

En esa línea, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, envió un comunicado al departamento ejecutivo de San Isidro en el que expresó su preocupación por el texto de la ordenanza, al que calificó de "discriminatorio". Bonicatto pidió en el escrito "que se respete bajo todas las circunstancias la autonomía individual, consagrada por el principio establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que implica la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida".