La causa por lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez y salpica al kirchnerismo está desde hace tiempo en la mira de la justicia uruguaya, que -según cuenta El Observador- se encuentra preocupada por la falta de cooperación argentina.
La compra del campo El Entrevero, por el que una sociedad liderada por Daniel Pérez Gadín (contador de Báez) pagó 14 millones de dólares, puso en alerta a la justicia del Crimen Organizado, que decidieron investigar el origen de los fondos.
Por esta razón, la jueza Adriana de los Santos envió -a mediados de 2013- un exhorto a la Justicia argentina para obtener información, pero más de un año después no tuvo la colaboración que esperaba; de todos modos tiene previsto reiterar el pedido.
La magistrada investiga además la compra de un predio frente a la parada ocho de Playa Brava de Punta del Este, que fue vendido por US$ 16,5 millones. El detalle es que parte de esa suma fue transferida desde Uruguay a una cuenta de Helvetic Service Group (una compañía vinculada a Báez), en Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo. Su pedido de información al respecto tampoco tuvo éxito.
Por su parte, el juez Néstor Valetti -especialista en Crimen Organizado- señaló en septiembre del año pasado que "no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese Juzgado a distintos Juzgados de la República Argentina sobre el tema. O sea que todavía se está a la espera; no ha existido reciprocidad". Un año después, todo sigue igual.
Este mismo magistrado es el que pedirá próximamente la extradición de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, indagado también por lavado de dinero.
Vandenbroele está acusado de haber transferido 2,4 millones de dólares desde Dusbel, la sociedad anónima uruguaya que preside, a The Old Fund para la compra de la ex Ciccone Calcográfica. Debido a que parte de ese dinero pasó por Uruguay, el juez Valetti intenta determinar el origen de esos fondos.
Desde la Justicia uruguaya hacen saber a los medios locales que sin cooperación internacional es imposible avanzar en las investigaciones sobre lavado de dinero, que involucran a dos o más países; para ello inculpar a alguien por ese delito en Uruguay, hace falta que exista un procesamiento por un delito precedente, que explique el origen del dinero que se lavó. Y esa información nunca llega desde la Argentina.