El 30 de septiembre el juez Thomas Griesa declaró a la Argentina en "desacato" por incumplir el fallo del magistrado que obliga al pago de u$s1.330 millones a un grupo de acreedores que litigó contra el país así como por impulsar acciones que buscan esquivar la sentencia. Además, consideró que la Ley de Pago Soberano que aprobó el Congreso es "ilegal" y que no debe aplicarse.
Pese a esto, el Gobierno anunció el mismo día el depósito del primer pago bajo esa ley, consistente en 170 millones de dólares en Bonos Par. Ante esto, abogados del fondo NML Capital enviaron una carta a Griesa para alertar de que la conducta calificada como "desacato continúa siendo llevada a cabo" por la Argentina, al depositar fondos para el pago de bonistas en Nación Fideicomisos.
"Le escribimos para llamar la atención de Su Señoría porque la República Argentina –sólo un día después de que el tribunal dictaminara el desacato civil– ha violado una vez más, descaradamente, las órdenes del tribunal", afirmaron los letrados en el escrito. "La misma conducta que el tribunal dictaminó que era ilegal continúa siendo llevada a cabo", sostuvo Edward Friedman, abogado de NML que firmó el escrito.
Ahora se aguarda la decisión de Griesa, quien podría convocar a una nueva audiencia en los próximos días para evaluar esta situación.
Este viernes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que la estrategia del Gobierno permitirá "afrontar los próximos vencimientos" de deuda "de un manera holgada" y remarcó que no habrá "sobresaltos para las próximas gestiones".
"La autonomía financiera que logra la República Argentina con su estrategia de desendeudamiento permite afrontar los próximos vencimientos de una manera holgada", afirmó Capitanich.