Uno de los fiscales allegados a a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue designado al frente del Tribunal Oral Federal Nº2 de la provincia de Córdoba. La decisión genera una nueva polémica que tiene como protagonistas a la funcionaria kirchenrista y Gonella, que acaba de ser citado a indagatoria por favorecer a Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero.
"El doctor Carlos Gonella solicitó se contemple la posibilidad de disponer su traslado conforme lo normado por el artículo 15 de la Ley 24.946, a la Fiscalía N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba", dice la resolución 1655 a la que tuvo acceso Infobae, en la que se apunta que la Procuradora decidió "hacer lugar a la petición".
La noticia generó un gran revuelo en Córdoba, donde se quejaron de la demora para cubrir la vacante que se abrió tras la renuncia presentada por Miguel Ángel Francisco Rizzotti. El reclamo apuntaba a que no se convocó a concurso y ahora aseguran que se trata de una movida para proteger o premiar a los funcionarios que fueron "fieles" al kirchnerismo en estos años.
A través de un escrito, Gonella aseguró que "según la ley no se necesita concurso para que un fiscal sea trasladado con el mismo cargo de una jurisdicción a otra. El procedimiento legal previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación número 24.946 exige para el traslado 'la sola conformidad' del magistrado".
El fiscal quedó en la mira de la Justicia por su actuación en el inicio de la investigación sobre Lázaro Báez: el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo citó a indagatoria -junto a Omar Orsi- por el delito de prevaricato; lo decidió tras conocer que en la Procelac se había hecho una investigación interna que involucraba a Báez y sus empresas, pero cuando intervinieron en el requerimiento de instrucción (los funcionarios judiciales mencionados) no apuntaron al empresario de la construcción.
La conducta de Gonella y Orsi puede ser encuadrada en el artículo 272 del Código Penal en función del artículo 271 que dice: "Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada". El artículo 272 señala que "La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades".
Los fiscales de Gils Carbó fueron citados para el 7 y 8 de octubre. En esas jornadas deberán dar explicaciones por su actuación en la causa que involucra a Lázaro Báez; en este caso no estarán como funcionarios judiciales, sino como indagados en una causa penal.