Los primeros días de septiembre se anunció que la crisis económica obligaba a las clínicas a exigir a los afiliados de prepagas un copago en efectivo para concretar la atención médica y la realización de estudios. Sin embargo, luego de arduas negociaciones la medida quedó sin efecto. Incluso trascendió que se iba a realizar una reunión entre empresarios del sector y el secretario de Comercio, Augusto Costa, para resolver definitivamente el problema.
Si bien Costa mantuvo contacto con algunos empresarios, el encuentro definitivo, pactado en principio para el lunes 8 de septiembre, nunca se llevó a cabo y algunas clínicas del interior del país resolvieron comenzar a cobrar los copagos. "Es por la falta de respuestas del Gobierno", afirmaron fuentes del sector.
En la Ciudad, cuando se conoció la intención de aplicar el copago, la Defensoría porteña intimó a las prepagas y clínicas a no aplicarlo, mientras que la Superintendencia de Salud insinuó que la exigencia de un adicional era una "jugada política".
La medida también generó el rechazo de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada e incluso la legisladora Graciela Ocaña presentó un amparo en la Justicia en rechazo al cobro, al considerar que lesionaba "garantías de naturaleza constitucional" y ponía "en riesgo la salud y la continuidad de tratamientos de los afiliados a las empresas de medicina privada".