El Gobierno suele responder en bloque cuando se cuestiona su desempeño en materia de seguridad. Pero al parecer, los puntos de vista no son tan homogéneos al interior del oficialismo cuando se trata de debatir estrategias para combatir el flagelo.
Un grupo de dirigentes kirchneristas pertenecientes al ala más progresista del espacio se dio cita ayer en el Congreso en un foro sobre ese tema. Al abrir el ciclo, el ministro de Defensa, a href="http://www.infobae.com/personajes/agustin-rossi-a1557" rel="noopener noreferrer" Agustín Rossi/a, sostuvo que esa actividad era "muy valiosa sobre todo en estos momentos de la Argentina donde pareciese que las propuestas políticas e ideológicas con un signo de derecha, regresivas y reaccionarias adquieren, por la difusión de algunos medios de comunicación, un volumen tal que ocupan la totalidad del escenario político".
"Hay un intento de invisibilizar los logros de esta última década, a través de una restauración conservadora, con las ideas de derecha de la década del 90", consideró. "Algunos sectores están tratando de minar una serie de ideas de este proceso político que empezó el 25 de mayo de 2003, a través de propuestas ligadas a la derecha: primero con los linchamientos y luego con el regreso del servicio militar obligatorio", añadió.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, no participó del foro y reconoció que no comparte todos los diagnósticos que surgen sobre el tema. "No voy a ese tipo de encuentros, no porque tenga nada en especial, sino porque tengo un mirada a veces diferente de la concepción íntegra". Y enseguida añadió: "Son diferentes puntos de vista que hay que respetarlos y también escucharlos".
"Una cosa es filosofar sobre la seguridad y una cosa es estar todos los días en la trinchera, en la calle, tener que estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas y de nuestros policías que son abatidos en un enfrentamiento", subrayó en diálogo con radio Mitre.
Además de Rossi, del foro participaron el presidente de la Cámara baja, Julián Domíngez; el secretario de Derechos Humanos, Marín Fresneda; y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, entre otros funcionarios y dirigentes.