De lo único que se hablaba este lunes por la mañana en los Tribunales de Comodoro Py era de la denuncia que hizo el juez Norberto Oyarbide el viernes pasado. En todos los pasillos, los empleados alternaban los saludos por las fiestas y los comentarios sobre la denuncia hecha por el juez federal más conocido.
El jueves pasado un grupo de hombres ingresó a las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una clásica "cueva financiera" del microcentro porteño. Se identificaron como policías federales, tenían chalecos, gorras y credenciales que así lo acreditaban.
En las oficinas de la calle Maipú al 200 mostraron una orden de allanamiento proveniente del juzgado federal de Oyarbide, de la secretaría 9 a cargo de Carlos Leiva.
La cueva pertenece a Guillermo Greppi, un hombre muy conocido en el ambiente financiero donde se descuentan cheques a empresas e individuos. Cuando se produjo la irrupción policial enseguida llamaron al abogado de confianza: Fernando Jorge Torres, quien llegó a las oficinas media hora después del inicio del procedimiento.
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Cuando promediaba el allanamiento los policías ofrecieron dejar todo de lado a cambio de 300 mil dólares. En ese momento en la caja fuerte de la cueva había 5 millones de pesos atesorados. El cuevero y su abogado gastaron los celulares llamando a autoridades policiales y políticas vinculadas con la Federal para pedir ayuda.
Los policías -según se desprende de las declaraciones de Torres y Greppi a las que accedió Infobae en Tribunales- se enteraron de esos llamados.
Y en consecuencia advirtieron: "Nosotros no recibimos órdenes de ningún jefe policial ni de ninguna persona de la política". Y tras cartón aseguraron que seguían directivas del juez y del secretario.
El abogado Torres confirmó en diálogo con Infobae la existencia de la situación y aseguró que los policías decían que "venían en nombre del juzgado, pero jamás vimos ni al juez ni a su secretario".
También explicó que la orden de allanamiento era verosímil -no sabe si auténtica- y que los policías dijeron que había varios procedimientos simultáneos. Sin embargo, las empresas que figuraban en la orden para ser allanadas, no tenían relación comercial con la Asociación Mutual Propyme.
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Los policías se presentaron como integrantes de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC), una repartición de mucha relación con el juzgado de Oyarbide. Los uniformados, según relataron Torres y Greppi, se presentaron como Ancona y Ángel.
Luego del allanamiento que terminó en la nada, el abogado y el "cuevero" fueron a hacer la denuncia al propio juzgado de Oyarbide. Las declaraciones fueron tomadas en la secretaría 10 a cargo del secretario Pedro Diani. Ante el tenor de lo relatado, el propio Oyarbide hizo la denuncia ante la Cámara Federal y el expediente cayó en el juzgado de Luis Rodríguez.
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El fiscal del caso, Ramiro González, estudiaba la denuncia para determinar si abría o no una investigación. En Tribunales se comentaba que el asunto es muy grave y que pueden rodar varias cabezas dentro del juzgado de Oyarbide. En tanto el juez Oyarbide, según fuentes de Comodoro Py, viajó a pasar Navidad al Chaco, donde vive la familia de su pareja.