La respuesta distó de ser homogénea, pese a que a excepción de Sergio Berni los funcionarios del Gabinete se tomaron casi un día entero para procesar la resolución del máximo tribunal que insta al Gobierno a tomar "medidas urgentes" contra el narcotráfico. En distintos medios, cuatro ministros salieron en las últimas horas a poner el pecho a las críticas. Las diferencias saltaron a la vista de inmediato.
"La política es activa en cuanto a la detección de cargamentos y en la aprehensión de los narcos", sostuvo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. "Estamos yendo a fondo, con los peso pesado y no sólo contra un chofer del camión que transporta la cocaína", dijo.
El funcionario hizo una extensa defensa de la política oficial para combatir el flagelo. Habló de una respuesta integral al problema al destacar los decomisos, los controles de la frontera a través de la aduana y el avance en la radarización.
El ministro de Seguridad, Arturo Puriccelli, fue, en cambio, más humilde y admitió que "por ahí no alcanza" la respuesta que el Gobierno da al problema. "No es que nosotros no nos estamos ocupando del tema, pero por ahí no alcanza, es cierto", reconoció.
"Es injusto decir que el Estado no está haciendo un gran esfuerzo y pretender instalar que a este gobierno no le interesa la seguridad. Se invirtió mucho. Siempre falta, pero necesitamos un acto de reconocimiento y no de asignación de responsabilidades", dijo.
Desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) también admitieron culpas propias. "Tenemos un país lamentablemente con una extensísima frontera terrestre que dificulta el control de las fuerzas", indicó Julio Postiglioni, a cargo del organismo.
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Mientras que Abal Medina y Puriccelli oscilaron entre la defensa plena del trabajo del Gobierno y la admisión de responsabilidades, el titular de Justicia, Julio Alak, y de Defensa, Agustín Rossi, retrucaron la "amonestación" de la Corte con mensajes a la Justicia.
"Se requiere de mayor capacidad desde lo judicial, ya que al incrementarse los operativos, tenemos mayores resultados y cantidad de ciudadanos procesados por narcotráfico y esto hace que el volumen de trabajo en los juzgados vaya aumentando y se necesite una mayor estructura", dijo Rossi.
Alak, por su parte, aseguró que la lucha contra el narcotráfico "es intensa", pero subrayó que "el enemigo es poderoso".
El trabajo del funcionario quedó en el ojo de la resolución de la Corte, ya que el llamado se apoyó en las denuncias que hicieron jueces federales de provincias del norte respecto a las dificultades que tienen para llevar adelante su trabajo. De hecho, el escrito fue remitido al Ministerio de Seguridad, pero también al de Justicia y al Consejo de la Magistratura, al que le adjudicaron ser responsable por las vacantes no cubiertas en los cargos de jueces. Pero Alak subió la apuesta y cargó contra el máximo tribunal.
"Los que hoy denuncian, sin embargo paralizaron la posibilidad de solución", lanzó en referencia a la decisión de la Corte de declarar inconstitucionales en julio los artículos centrales de la ley de reforma del Consejo. "Hoy tendríamos un nuevo Consejo de la Magistratura y no este consejo, porque el que se impulsaba era para garantizar la celeridad en la cobertura", respondió.
Otro funcionario de primera línea que se refirió al tema fue el administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. "La aduana controla el ingreso y egreso de mercaderías en los pasos oficialmente habilitados, fuera de los pasos habilitados el control
lo llevan a cabo la Gendarmería Nacional y la Prefectura", explicó.
Respecto del control de narcotráfico, Echegaray subrayó la instrumentación de escáneres en los pasos fronterizos y recordó que en 2014 la totalidad de la frontera norte estará vigilada por ese sistema.