"Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica durante el último semestre -una de las cifras más altas de los últimos 20 años-, la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública en varios países fueron, entre otros, los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio occidental durante el último semestre", concluyó este martes la a href="http://www.infobae.com/temas/sociedad-interamericana-prensa-a2634" rel="noopener noreferrer" Sociedad Interamericana de Prensa/a (SIP) en el cierre de su 69ª Asamblea General.
La organización condenó la muerte de los profesionales: tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno en Ecuador, Honduras y Paraguay. También expresó su total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que "la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia", de acuerdo con un comunicado.
"También durante este período tres periodistas debieron abandonar Colombia y Honduras por amenazas y dos periodistas extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua", prosiguieron las conclusiones de la SIP.
En cuanto a la información pública, la SIP dijo que observa con preocupación "el acceso limitado", que provoca "un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros". La SIP agregó que, asimismo, en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa.
"La libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a estos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública, sino en herramientas de propaganda partidista e ideológica. Esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes", según el comunicado.
"En Venezuela, la discriminación oficial llega a la no autorización de divisas para la importación de insumos que no se fabrican en el país, como el papel. En el caso de Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios. Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede receptar los principios internacionales en la materia".
"Asimismo, en países como Colombia, Panamá y Brasil, entre otros, se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación. En Ecuador se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación, que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse", indica.
La SIP hizo especial mención al caso cubano: "Como lo especificó Yoani Sánchez, las reformas económicas en esa nación no han ido acompañadas de un mejoramiento de la libertad de prensa, que, por el contrario, se ha visto agravada por una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas".
Por último, el comunicado concluye: "La Asamblea General reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes".