Alan García firmó cuatro decretos legislativos que podrían permitir el cierre de las causas por crímenes de lesa humanidad que involucran, entre otros, a Alberto Fujimori y su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos. También se benefician los militares que violaron la ley peruana durante la represión del grupo terrorista Sendero Luminoso.
La normativa podría alcanzar al mismo presidente, firmante en uso de las facultades que le delegó el Congreso. García está acusado como autor intelectual del caso El Frontón, la matanza de 254 reclusos amotinados en cuatro penales en 1986.
El ministro de Defensa peruano rechazó a quienes acusaban al gobierno de librar de responsabilidad a Fujimori en esas causas. "No es el caso", dijo Rafael Rey. "Son normas aplicables sólo a policías y militares."
Agregó que los decretos no intentan obstaculizar la justicia sino evitar la prolongación inútil de las causas: "Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia".
El decreto 1097 habilita el sobreseimiento de aquellos acusados "que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación" por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú. Eso afectaría a unas cien causas actualmente en trámite judicial.
"La falta de empeño del estado peruano en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado es una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes", denunció Susan Lee, directora del Programa América de Amnistía Internacional. Calificó la medida como "una amnistía encubierta".
Según explicó Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, en conferencia de prensa, el decreto 1097 importa personalmente al actual mandatario. "García acaba de promulgar una norma para protegerse y proteger a su segundo, el vicepresidente Luis Giampietri, porque ambos están involucrados en el caso 'El Frontón'", dijo. "La Fiscalía ya había hecho un pedido para que los autores intelectuales, o sea ellos, sean comprendidos en la investigación."
Al permitir el sobreseimiento de Fujimori (condenado por otras causas a veinticinco años de prisión), su ex asesor Montesinos y su comando de aniquilamiento, el Grupo Colina, el decreto contradice, según la Asociación Pro Derechos Humanos, acuerdos internacionales que Perú firmó.
Por ejemplo, el decreto 1097 establece que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efecto y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", fecha de su suscripción, pero no tiene aplicación retroactiva.
El texto también permite que se archiven los casos contra militares procesados por violaciones de los derechos humanos si sus procesos judiciales se extienden más de 14 meses.
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