el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el gobierno nacional, con votos aportados por el
, entre otros.
Una primera lectura del tablero electrónico indicó 146 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones, con 104 ausentes, pero las verificaciones posteriores impusieron una ligera corrección de los guarismos finales.
Tras más de trece horas de debate y después de la aprobación en general,
, en un trámite en el que varios legisladores propusieron modificaciones al texto original.
El debate realizado en el marco de una sesión especial
, integrado por la presencia mayoritaria de los diputados del bloque del Frente para la Victoria y aliados de centroizquierda, del SI, del Encuentro Popular y Social, de la Concertación y del Partido Renovador salteño, entre otros.
Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trata del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país. Además, dijo que
.
Tras la exposición del miembro informante,
plantearon cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial que -según aseguraron- "
".
Al fundamentar la postura de la UCR, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión,
y sostuvo: "La libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y el derecho de buscar recibir y difundir información como nos parezca".
En esa línea, desde
,
e insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación". Además, dijo que no veía se establecieran en la norma "los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados".
La
, a través del diputado
, cuestionó "las atribuciones y las competencias abusivas de la ley" y consideró que "
".
Asimismo, desde el
,
se mostró en contra de la iniciativa y dijo que "
", al considerar que "el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República".
Finalmente, legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que
. A esta medida se sumaron el PRO y el PJ disidente.
A diferencia de sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica, la titular del bloque de diputados del
, al afirmar que "si se pone en una balanza el texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la democracia y éste, la balanza se inclina en favor de este último".
, recordó que esa fuerza trabajó "incansablemente para que este proyecto exista" y destacó las modificaciones logradas en torno a la autoridad de aplicación para "equilibrar" ese organismo.
Por su parte, el diputado nacional de
aunque dijo que iba a plantear cambios en la discusión en particular de la norma.
En el cierre del debate,
, enfatizó: "Comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra propia bancada respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso
". "Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretar su fin", remarcó.
El proyecto que obtuvo media sanción en el recinto cuenta con modificaciones y la principal, que fue anunciada el lunes pasado por la presidente Cristina Kirchner, es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.
Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Por otro lado, se modificó la "prórroga" de las licencias y se incluyó en el dictamen que "las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por un plazo de diez (10) años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia".