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Excarcelaron a Raúl Villarreal, la mano derecha de Chabán

Los polémicos jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori concedieron la excarcelación al jefe de seguridad de Cromañon. Debe pagar una caución de $30 mil

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(NA) -- La Cámara del Crimen concendió ayer la excarcelación al único detenido que quedaba por el incendio en "República Cromañón", el coordinador del local, Raúl Villarreal, quien deberá pagar una fianza de 30 mil pesos para recuperar su libertad luego de tres meses de detención.

El polémico fallo contiene argumentos similares a los que permiten que Chabán salga en libertad y fue firmado pocas horas antes del inicio de la marcha convocada por Juan Carlos Blumberg contra la "impunidad" frente a los Tribunales.

Al conceder la excarcelación a Villarreal, los jueces de la Cámara del Crimen sostuvieron nuevamente que todo imputado debe permanecer en libertad hasta el juicio oral, mientras no se acredite un real peligro de fuga.

El empleado de República Cromañón, que se presentaba como encargado de relaciones públicas del boliche, podría salir efectivamente de la prisión de Marcos Paz, "en por lo menos una semana", cuando concluyan los trámites para hacer efectiva la fianza, según estimo su abogado, Albino Stefanuolo.

Villarreal se encuentra preso en esta causa desde el 23 de febrero último y fue procesado por el delito de "cohecho activo" y "homicidio simple por dolo eventual", la misma figura legal de quien fuera su jefe en República Cromañón.

En su resolución, los jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori citaron -para sostentar su opinión doctrinaria- viejos escritos del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del diputado Jorge Casanovas, en una suerte de ironía contra quienes se convirtieron en sus princiales detractores al disponer la libertad de Chabán.

Casanovas fue quien presentó un pedido de juicio político contra esos camaristas ante el Consejo de la Magistratura, horas después de que firmaron el fallo liberatorio de Chabán, pero ayer los jueces se tomaron revancha y fundaron la excarcelación de Villarreal en conceptos que el diputado vertió en 1992 en un manual de derecho.

Tal como lo habían hecho con Chabán, los jueces convalidaron el principio de inocencia inherente a toda persona que "impide imponer la medida de coerción que implica la privación de la libertad hasta tanto no se dicte una sentencia condenatoria".

Para Garrigós de Rébori y Bruzzone, "no hay pruebas de que Villarreal intentará eludir la acción de la Justicia" y recordaron que a las pocas horas de la tragedia, el 31 de diciembre último, el acusado se "presentó voluntariamente en la comisaría y prestó declaración testimonial".

"No puede dejar de tenerse en cuenta que entre la fecha del hecho y la de su detención transcurrió un lapso considerable sin que Villarreal haya exteriorizado con acciones reales que fuera a sustraerse a la acción de la Justicia, ni entorpecer la investigación", añadieron.

Los jueces también realizaron una solapada crítica al fiscal general de Cámara, Joaquín Gaset, quien al apelar el fallo excarcelatorio de Chabán sostuvo que los jueces debieron tener en cuenta su carácter de "transgresor".

"Afirmar que hay categorías de personas como por ejemplo judíos, gitanos, polacos, peronistas, subversivos, gays, barras bravas, negros, militares, corruptos o trangresores para fundar un supuesto peligro de fuga, en tanto se identifica sólo en ese estereotipo, nos acerca peligrosamente a un derecho penal de autor que debe ser erradicado", abundaron los jueces.

Luego de lo sucedido cuando fue la excarcelación de Chabán, los camaristas admitieron estar tomando una decisión "que presumiblemente podría volver a provocar en distintos sectores de la sociedad reacciones" violentas.

Por ello, solicitaron que si esto sucede, los hechos "puedan ser encausados en el marco republicano de una sociedad abierta, en la cual las discrepancias debe ser ventildas a través de las instituciones del Estado de Derecho".

Los jueces asumieron que "es imposible desconocer la repercusión" de sus decisiones, pero explicaron que "como jueces penales" tienen "la obligación al momento de decidir la concesión, o no, de la libertad de una persona durante el proceso penal" de no apartarse "de la manda constitucional".

Al momento de fijar la fianza de 30 mil pesos sobre los bienes de Villarreal, los camaristas tuvieron en cuenta que "la totalidad de su patrimonio" está comprometido por el embargo de 57,6 millones de pesos que le trabó el juez de instrucción Julio Lucini al dictarle el procesamiento.

El juez Rodolfo Pociello Argerich, votó en contra de la excarcelación -tal como lo había hecho con Chabán- por entender que por la gravedad del delito que se le imputa intentará darse a la fuga.

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