
Se acaban de cumplir 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que hasta ahora se sepa cuál fue el destino de los jóvenes. A lo largo de esta década se ha hecho cada vez más evidente que se trató de un crimen de Estado en el que participaron no sólo policías locales, sino también posiblemente estatales y hasta elementos del Ejército, según informes oficiales y de expertos independientes que acompañan a las familias de los muchachos.
Sin embargo, una investigación de Quinto Elemento Lab y el colectivo A dónde van los desaparecidos reveló este 9 de octubre que efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) también estarían involucrados si bien no en la desaparición de los jóvenes, sí en la construcción de la llamada ‘verdad histórica’ con la que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto quiso cerrar el caso en cuestión de semanas.
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En la publicación Marina, un eslabón oculto en el montaje de la ‘verdad histórica’ se da a conocer que personal naval no sólo habría participado en la seguridad perimetral durante los operativos para buscar en Guerrero a los 43 jóvenes, como lo hizo creer en 2014 la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), sino que también concretaron algunas detenciones de presuntos responsables; aunado a lo anterior, también se presume que habrían torturado al menos a cuatro de ellos en sus instalaciones al sur de la Ciudad de México.

Detenciones, tortura y hasta montaje de escenarios
De acuerdo con la investigación, el 9 de octubre de ese año el procurador Jesús Murillo Karam dijo que había 30 detenidos por la desaparición de los normalistas y que un día antes habían aprehendido a otros cuatro hombres, entre ellos los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, presuntos integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes fueron capturados por la Marina, aunque eso no lo dijo el funcionario en conferencia de prensa. Estos dos hombres de entonces 31 y 26 años fueron torturados por efectivos navales, agentes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y personal de la PGR en la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina, ubicadas en Coapa, al sur de la CDMX, justo a espaldas de la Universidad Naval.
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“En las mismas instalaciones navales serían después torturados Patricio Reyes Landa, el Pato, y Agustín García Reyes, el Chereje, dos de las personas que fueron inculpadas para sustentar la llamada ‘verdad histórica’, el montaje que el Gobierno federal construyó para indicar que en el basurero de Cocula habían incinerado a los normalistas”, señala la investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, quienes tuvieron acceso a videos e informes de seguridad que confirman la tortura. Sin embargo, pese a este material, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartó en 2018 que hubiera tortura y detención extrajudicial en estos casos.
Estos cuatro hombres fueron golpeados, recibieron descargas eléctricas y los sometieron a tormentos psicológicos a fin de que declararan que los 43 normalistas habían sido llevados a La Parota, en Pueblo Viejo, donde se hallaron fosas clandestinas con restos humanos, los cuales dijeron las autoridades federales que correspondían a los jóvenes desaparecidos. Esta versión después fue desmentida por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
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Sin embargo, una vez que el EAAF tiró esa primera hipótesis, el 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam cambió la jugada y presentó los testimonio de Patricio Reyes, Agustín García y Jonathan Orozco donde afirman que los chicos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus restos arrojados al río San Juan.
En ese montaje, también participó activamente la Marina, según la investigación periodística, pues el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que efectivos navales fueron los primeros en llegar al basurero para remover escombros, prender fuego y hacer volar la basura del sitio, aunque esta alteración de la escena no está en los expedientes, evidentemente. Asimismo, en marzo de 2022, se dieron a conocer imágenes del sitio captadas por un dron de la Semar en las que se aprecia a sus efectivos interviniendo en el basurero un día antes de que iniciaran oficialmente las diligencias ministeriales en ese punto.
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El GIEI sugirió la participación de elementos navales en la construcción del montaje de la ‘verdad histórica’ y fue ahí cuando la Marina-Armada de México se cerró a cooperar en las investigaciones, señalan Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. “Esa línea de investigación quedó en el olvido… al igual que el proceso contra los hermanos Ríos Sánchez, quienes permanecen en prisión pese a que se comprobó que hicieron sus declaraciones bajo tortura”, concluye el reportaje.

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