En la publicación del adendum —anexo— al segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), el organismo encabezado por Alejandro Encinas evidenció, una vez más, el espionaje y negligencias en que incurrió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además del constante monitoreo a las actividades de los miembros de Guerreros Unidos, la institución castrense tenía información de primera mano de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” debido a que Julio César López Patolzin, uno de sus elementos, estaba inscrito en ella.
Los reportes proporcionados por la Sedena reconocen que sus Órganos de Búsqueda de Información (OBI) realizaban un puntual seguimiento a los estudiantes, pero no brindan detalles al respecto.
El documento recientemente publicado por la CoVAJ ratificó que uno de ellos era López Patolzin, quien se enlistó en el Ejército cinco años antes de la desaparición de los 43 normalistas —él incluido—.
Dentro del anexo al segundo informe, la COVAJ incluyó una copia del contrato de reclutamiento del joven. En él se especifica que entró al Ejército como soldado de Infantería en el 50 Batallón de Chilpancingo, Guerrero, el 16 de enero de 2009.
Una de sus encomiendas como miembro de las Fuerzas Armadas era informar “cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en Guerrero o fuera de la entidad”. Es decir, como ya se había adelantado, todas las autoridades estaban informadas de que los jóvenes se movilizarían hacia la Ciudad de México en septiembre de 2014.
La Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena emitió un oficio en el que reconoce a López Patolzin como miembro activo desde 2012 y afirma que “pudo haber generado reportes” sobre la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Debido a esto, quedó en evidencia una de las principales omisiones de la Sedena en el caso, pues Julio desapareció junto con el resto de estudiantes y su superior jerárquico estaba al tanto de esto.
Sin embargo, no se realizó “ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber”.
De acuerdo con el adendum, los lineamientos de actuación de la corporación están especificados en el Protocolo para Militares Desaparecidos —documento no disponible para consulta pública—.
Entre las obligaciones de los castrenses incluidas en el protocolo está “implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido”.
La Sedena no realizó ninguna operación conocida para encontrar a López Patolzin y, con ello, evitó obtener cualquier información que pudo haber dado pistas sobre el paradero de los jóvenes.
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