Entre los años 2013 y 2014, dependencias del gobierno federal en México habrían desviado recursos por 7.679 millones de pesos (USD 192 millones) de los cuáles la mitad están perdidos pues de las 186 empresas a las que se les entregaron contratos, 128 son fantasma, según reveló una investigación.
En el desvío habrían participado once dependencias entre las que se puede mencionar a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también implicada en el caso Odebrecht, el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de los programas de ayuda a los pobres, el Ministerio de Agricultura, el de Educación, entre otros. Ocho universidades públicas habrían cumplido con el papel de intermediarias, lo que les dejó una comisión.
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La investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio animalpolitico.com, menciona los nombres del gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; del ministro de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza; al de Economía, Ildefonso Guajardo, quien negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
También a los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso Odebrecht.
"Ni siquiera se prestaron los servicios, o no se entregaron los bienes, hay tal premura, desaseo en la forma como se manejaron algunos de los contratos", señaló Juan Manuel Portal, el Auditor Superior de la Federación, instancia encargada de revisar las cuentas del gobierno.
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Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
La Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a poner sus contratos a concurso, pero permite obviar la licitación si firma un convenio con universidades que se comprometen a realizar hasta 51% del servicio contratado.
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