El juez Claudio Bonadio avanza en la causa por asociación ilícita contra el diputado Julio De Vido, a quien este lunes resolvió llamar a indagatoria por el caso de la tragedia de Once. En las primeras horas de la tarde de ayer, el magistrado ordenó allanar las oficinas del estudio Dromi para buscar información relacionada a una causa por asociación ilícita que enfrenta el ex ministro de Planificación Federal.
Fuentes del estudio, ubicado en el noveno piso de un edificio de la calle Córdoba al 1200, confirmaron el desarrollo del procedimiento, que estaba cargo de personal de la Policía Metropolitana y contaba con presencia de representantes del juzgado de Bonadio.
La causa, iniciada en 2014, investiga presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL). Por el caso fueron allanados en su momento la sede del Ministerio de Planificación Federal, YPF y Enarsa, empresa esta última mediante la cual se habría contratado el envío de un barco con GNL desde Rusia que nunca llegó, y por el que se pagaron millones de dólares. En esa ocasión, el entonces ministro negó las acusaciones y cargó contra el juez.
El caso del GNL comenzó a partir de una denuncia realizada por Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich, en aquel año los tres con funciones legislativas. La presentación se hizo luego de declaraciones periodísticas del ex ministro menemista Roberto Dromi en las que aseguró haber asesorado a De Vido en Planificación. En una entrevista al diario La Nación, Dromi habló de las operaciones de compra de los barcos cargados de GNL –a las que conocía muy bien porque era intermediario de la empresa española Gas Natural Fenosa en su venta de combustible a la Argentina– y deslizó ciertas críticas a cómo las estaba haciendo YPF desde 2012, los diputados pidieron que se investigue el caso.
Según publicó en enero el diario Perfil, Enarsa firmó en agosto de 2008 un contrato con la empresa española Contrater Consulting para adquirir el barco de GNL de Rusia, pese a que esa firma no contaba con antecedente alguno sobre ese tipo de operaciones. Nicolás Dromi, titular de la compañía Diligentia, confesó a ese medio no saber quiénes eran los dueños de la firma contratada ni su experiencia en el rubro.
A fines de 2015, por orden de Bonadio, los policías de la unidad de Cibercrimen de la Metropolitana pasaron meses indagando y clasificando correos electrónicos de ex funcionarios de Planificación para reunir pruebas sobre el caso.
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