El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó una medida cautelar que le quita la investigación sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.
Moro fue quien ordenó que Lula fuera llevado por la fuerza a declarar ante la policía y luego divulgó una polémica escucha telefónica entre el ex presidente y su sucesora, Dilma Rousseff, interpretada como una prueba de que su designación para un cargo ministerial buscaba blindarlo –con fueros– de la Justicia.
La decisión se fundamentó, justamente, en esas escuchas que fueron divulgadas por el juez el mismo día que la mandataria nombró a Lula jefe de Gabinete.
De hecho, el nombramiento de Lula como ministro fue objeto de una andanada de medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia y sigue en suspenso, a la espera de una decisión del propio Supremo.
Algunas de las grabaciones, y en especial la de una conversación entre Lula y Rousseff, sugieren que su nombramiento escondía la intención de ayudarlo a evitar a la Justicia común y trasladar las investigaciones al Supremo, a fin de alargar el proceso.
El Tribunal, ademas, decretó la confidencialidad de todas las escuchas interceptadas por Moro en el marco de las causas contra el ex mandatario.
La corte aún debe definir en qué instancia continuarán las causas de Lula, que no está protegido por fueros, o si eventualmente divide los procesos.
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Lula es objeto de dos investigaciones por corrupción que comenzaron en tribunales de San Pablo y Curitiba, este último a cargo del juez Moro, y ahora pasarán a la órbita del Supremo.
La Fiscalía de San Pablo, que ya ha presentado una denuncia formal contra Lula, investiga si es el verdadero propietario de un apartamento de playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras.
En Curitiba, se intenta determinar si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a una empresa creada por el ex presidente en el marco de su actividad de conferenciante están relacionados a los desvíos en la petrolera.
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