Inicialmente fue conocida como Petrolao, pero la justicia la denominó operación Lava Jato. Se trata de la mayor cruzada anticorrupción en la historia de Brasil. Y su avance, que puso en jaque al gobierno de Dilma Rousseff y podría llevar a la cárcel a Luiz Inacio Lula da Silva, se sienten también en la Argentina.
La investigación estalló públicamente en 2014 y sacó a la luz un escandaloso esquema de desvío de fondos de la compañía Petrobras: un grupo de directivos de grandes empresas se repartía con políticos poderosos un porcentaje de cada obra de la petrolera estatal.
El modus operandi del Lava Jato se habría replicado en la Argentina
En la Argentina se evalúa si el barro de semejante trama de corrupción salpicó a funcionarios y empresas locales. Y los investigadores empiezan atar cabos sueltos que podrían comprobar que el modus operandi se replicó aquí.
El dato más concreto fue presentado por Elisa Carrió en enero pasado, cuando denunció que dos implicados en el Lava Jato declararon que el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, presionó para que la compañía Transener, perteneciente a Petrobras, quede en manos de Electroingeniería, firma ligada al kirchnerismo.
El ex director del área internacional de la petrolera brasileña, Néstor Cerveró, afirmó que en 2006 recibió jugosas coimas por esa venta, y además de mencionar a De Vido involucró en la misma operación a Roberto Dromi, ex funcionario de Obras Públicas del gobierno de Carlos Menem. La investigación la llevan adelante el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita.
Al respecto, el ex ministro de Planificación reconoció reuniones con Ceveró en "encuentros institucionales", pero aseguró que el empresario nunca le planteó irregularidades. "Lo que hicimos fue hacer cumplir las leyes nacionales y evitamos la integración monopólica y abuso de posición de dominante por parte de Petrobras", dijo De Vido en su cuenta de la red social Twitter.
Julio De Vido y Ricardo Jaime aparecen mencionados en la investigación brasileña
Este mismo año, la Policía Federal de Brasil (la que actuó en el Lava Jato) acusó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime -y a uno de sus principales asesores, Manuel Vázquez- de haber recibido dádivas por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) investiga a seis empresas internacionales por las obras públicas que obtuvieron en el país entre 2006 y 2012. Por casos como esos, todo lo que sucede en Brasil es seguido con mucha atención en la Argentina. Son varios (empresarios y políticos) los que temen que la avanzada judicial se replique en el país.
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