La APLP se solidarizó en un comunicado con la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), que ha denunciado el posible cierre de más de medio millar de emisoras en el país por un decreto que ha dificultado la renovación de licencias para el sector.
"La amenaza de cierre es una realidad y la ATT (la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, el organismo regulador en Bolivia) no atiende ni siquiera las solicitudes presentadas para ampliar la renovación de licencias a emisoras que han terminado sus trámites", indica el comunicado.
Según la APLP, "el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma pretende con ello acallar las voces múltiples que se manifiestan a través de los micrófonos en los rincones más remotos del país, donde no llega ni el Estado ni hay autoridades y la única presencia de soberanía es la de la prensa".
En una inédita cadena nacional de centenares de sus radios afiliadas, Asbora denunció el viernes que la ATT está rechazando varias solicitudes de renovación de licencias al aplicar mediante una interpretación "equivocada" de las normas un decreto supremo que reglamenta a la Ley de Telecomunicaciones.
"El de Evo Morales Ayma pretende con ello acallar las voces múltiples"
El citado decreto establece que una vez finalizado el periodo de la licencia, la radio deje de operar y en caso de querer acceder a una frecuencia, lo haga mediante una "licitación pública", lo que "provocaría el cierre paulatino de más de 500 emisoras" en todo el país, alertó el viernes el presidente de Asbora, Alfonso Arévalo.
Según Arévalo, la Ley de Telecomunicaciones establece que la vigencia de las licencias es de quince años, con la posibilidad de renovarlas por una sola vez por igual período, siempre que el titular cumpla con los requisitos legales.
La asociación de radios argumentó que un decreto "no puede estar por encima de una ley", por lo que propondrá a las autoridades modificar los artículos de esa norma "que no permiten o dificultan la renovación de licencias para el servicio de radiodifusión" para "corregir el error y la contradicción" que plantea el reglamento.
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La APLP manifestó su "pleno respaldo" a la propuesta planteada por Asbora para modificar el citado decreto y evitar el cierre de las emisoras que supondría el "despido paulatino de más de 2.000 trabajadores" con consecuencias para éstos y sus familias.
"Denunciaremos esta amenaza a toda la comunidad internacional", añade el comunicado.
La Ley de Telecomunicaciones, promulgada en 2011, otorgó al Estado un 33% del espectro electromagnético, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones indígenas e igual porcentaje a comunidades campesinas.
Cuando se debatió la aprobación de esa ley, los gremios de periodistas, entre ellos la APLP, criticaron la distribución porque en la práctica significaría que el Gobierno iba a controlar hasta el 67% del espectro debido a su relación con los sindicatos, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.
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