Reclaman $70 millones y creen que es para encubrir coimas a funcionarios kirchneristas

Una empresa redacta una nota, la envía al gobierno nacional y reclama más de 70 millones de pesos por "redeterminación de precios". Así de simple. Un trámite incluso más sencillo que cualquiera de los que tiene que hacer, por ejemplo, cualquier argentino ante la AFIP. Pero ahora la nueva administración nacional sospecha que en ese reclamo puede encubrirse un pago irregular de sobornos.

El 7 de octubre de 2015, pocos días antes de las elecciones nacionales y apremiada por los números electorales, Cristina Kirchner inauguró por teleconferencia el Hospital Regional de la Cuenca Alta "Néstor C. Kirchner". El corte de cintas cumplió con la regla kirchnerista: en realidad no estaba terminado. Aún hoy falta la entrega de la última etapa: "Este es un hospital de 26 mil metros cuadrados que vendrá a atender las necesidades de más de 500 mil habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, y todo eso con una inversión de 536 millones", precisó en el diálogo con Cristina el entonces ministro de Salud, Daniel Gollan.

Lo llamativo en esa teleconferencia –tan típica del pasado– fueron las palabras del intendente local, el peronista Gustavo Arrieta, que revelaron cómo se tomaban muchas decisiones durante los 12 años de kirchnerismo. Más allá de la conveniencia o factibilidad técnica de los proyectos, la voluntad presidencial determinaba las políticas. "Acá tenemos que hacer un hospital", fue la orden (¿o capricho?) que transmitió el ex presidente porque le había gustado el terreno. Y así se hizo. Poco importó que allí hubiera una tosquera, que se tiraba basura, que construirlo implicaba un gasto exagerado o que hubiera otros lugares mejores para hacerlo. Había que cumplir una orden o satisfacer un capricho. Pero, como siempre, en los detalles se esconde el diablo.

La historia de la construcción es compleja. Infobae intentó reconstruir vía datos oficiales el derrotero de la licitación que se le otorgó a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las empresas TECMA SA y RIVA SA, pero el seguimiento fue casi imposible: falta de datos y resoluciones poco claras convierten el proceso legal en irregular. La obra se licitó por $258.981.639,74 pero el último monto contractual verificado llega a los $421.278.934,17 aunque el propio Gollan habló públicamente de más de 500 millones. Las obras comenzaron en 2011 pero aún hoy, casi cinco años después, resta entregar la última etapa de la construcción, aunque se asegura que fue dejada lista el 84% de la superficie.

El proyecto contemplaba, y así se licitó, que el edificio del hospital contaría con planta baja, "entrepiso técnico" y entrepiso. Incluso esa especificación fue difundida por Presidencia de la Nación y la Municipalidad de Cañuelas, que actuó como comitente de la obra. Pero con el centro de salud a punto de terminar, el entrepiso no está. Desde el gobierno nacional le aseguraron a Infobae que no hay rastro alguno de una decisión formal por parte de la entonces Secretaría de Obras Públicas sobre la modificación del proyecto, pero las empresas sostienen en la carta enviada a la Nación que ese cambio generó un gasto extra de poco más de 70 millones de pesos. Según se pudo constatar, el proyecto ejecutivo se "alteró" para una mejor "optimización" entre las empresas y el municipio, pero eso nunca habría sido notificado, al menos en forma escrita, al Ministerio de Planificación, que fue el que terminó autorizando los cambios. En 2010, ante la firma del convenio marco, Planificación se comprometió a "gestionar el total financiamiento" disponiendo la transferencia de fondos "al municipio de Cañuelas".

A partir de acá es cuando el tema se vuelve aún más intrincado. En diálogo con este medio, voceros de ambas empresas afirmaron que los cambios "estaban contemplados en el pliego". Sin embargo, desde el gobierno nacional creen que eso no es suficiente para el reclamo. En los archivos oficiales no hay constancia sobre las verificaciones que habilitan el pago de certificaciones de obra, es decir que oficialmente se pagó sin controlar qué se estaba pagando. Cristian Ferrero, representante de ambas empresas, fue tajante ante la consulta de Infobae. "Eso es mentira. Aún hoy estamos siendo controlados permanentemente", sentenció. En 2014, la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo afirmó en un "paper" que la obra civil del hospital estaba finalizada en un 90% y que se esperaba su entrega en octubre de 2014. No solo el porcentaje no era cierto, sino que tampoco se cumplió ese plazo.

El hospital fue implantado en un predio que era una cava de una tosquera de 23 hectáreas, por lo que para poder construirlo fue necesario realizar un relleno cuyo costo fue aproximadamente el 20% del costo del contrato sobre apenas tres hectáreas. Adicionalmente, para que el hospital fuera utilizable fue necesario remediar el terreno en los alrededores por un costo de $40.000.000.

Quien debía controlar la obra era el ex secretario de Obras Públicas, José López, miembro del entramado de Julio De Vido y con llegada directa a Cristina Kirchner. A López se lo conoce como quien se encargaba de facilitarle al kirchnerismo las empresas constructoras que luego serían aportantes de la campaña, en una suerte de devolución de favores. En 2006 la Coalición Cívica denunció ante la Justicia federal una presunta red de favores a empresas constructoras que aportaron a la campaña legislativa del 2005 que llevó a CFK como candidata a senadora. Unas de las empresas señaladas fue TECMA S.A., hoy integrante de la UTE, que construye el Hospital Néstor Kirchner.

En el gobierno nacional, ante la falta de explicaciones, analizan la presentación de una denuncia para investigar la ruta del dinero de los más de 500 millones que se pagaron por el hospital de Cañuelas. Sospechan que los más de 70 millones reclamados pueden formar parte de un pago irregular. "Creemos que el entrepiso o los cambios en el proyecto pueden haber formado parte de una estrategia para el reclamo de un pago irregular", aseguraron en Balcarce 50.

TECMA también tuvo problemas en La Pampa, donde se la denunció por incumplimientos de plazos pautados e irregularidades en otra UTE conformada para la construcción también de un hospital. En esa oportunidad se asoció a ELEPRINT, una empresa con excelentes relaciones con el ex Ministerio de Planificación. Incluso el Gobierno pampeano llegó a multar a cada una de las empresas.