Con un paro de estatales, se agrava la crisis política y social en Santa Cruz

Habían pasado unos minutos desde su asunción, cuando en su primer discurso como gobernadora Alicia Kirchner advirtió por la necesidad de achicar el déficit de la provincia de Santa Cruz, que gira en torno a los 200 millones de pesos mensuales. Lo que siguió, entre otras cosas, fue una serie de despidos de empleados públicos que abrió un conflicto con el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales, que hoy anunciaron un paro de dos días.

En concreto, la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz anunció un "paro total de actividades con movilización por el lapso de 48 horas" para el próximo lunes y martes.

Según adelantaron a Infobae, se concretarán el martes al mediodía frente a la Legislatura provincial, donde a las 12 horas comenzarán las sesiones ordinarias. La situación está tensa. La semana pasada hubo incidentes en la Casa de Gobierno, por los que el secretario general de ATE, Alejandro Garzón, fue denunciado por el delito de "daños".

En una nota enviada al secretario de Trabajo y Seguridad Social, Teodoro Camino, ATE mencionó tres puntos de reclamos: la "falta de respuesta al pedido de paritaria salarial", la "reincorporación de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y de la Dirección Provincial de Aeronáutica", y el "pago de todas las asignaciones familiares adeudadas".

La clave es la falta de canales de comunicación. "Desde que Alicia Kirchner asumió, hay cero diálogo. Ni 'hola' ni 'chau'. Nada", graficó a Infobae una fuente de ATE.

La "madre de todas las batallas" es el despido de 347 trabajadores a fines del año pasado del Ministerio de Desarrollo Social Provincial, que se suman a otros seis de la Dirección de Aeronáutica. A su vez, también hay varios cesanteados en las carteras de Salud y Educación.

El tema está judicializado. Los abogados del Estado provincial argumentan que se trataba de empleados con menos de tres meses de antigüedad, es decir, incorporados a último momento por la gestión anterior. Muchos de ellos trabajaban como "monitores" y "preventores" de los programas sociales que lanzó el ex gobernador Daniel Peralta.

Sin embargo, en una conferencia de prensa citada por la agencia ANA, la referente gremial Olga Reinoso calificó ese argumento como una "respuesta mentirosa". Y puso como ejemplo el de una cocinera de una escuela rural y del personal del Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Calafate, todos con un piso de ocho meses trabajando.

Reinoso también rechazó la oferta del Gobierno de conceder una beca de 4 mil pesos a los despedidos para terminar de estudiar, porque, dijo, el 40% ya terminó la secundaria. Y precisó que el 70% son mujeres, y que una de cada cuatro son jefas de hogar.

Por su parte, la dirigente Sandra Sutherland subrayó que el sindicato está abierto a dialogar y recordó que ya se presentaron dos pedidos de audiencia con Alicia Kirchner que ni siquiera fueron respondidos. En esa petición se inscribe el reclamo por la falta de negociaciones paritarias.

El último ítem de las quejas sindicales tiene que ver con la falta de pago de asignaciones familiares, una deuda que en algunos sectores viene creciendo desde hace más de un año.