El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que el protocolo del Gobierno para evitar piquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "no merece observación alguna desde el punto de vista constitucional".
Así, la institución que nuclea a los abogados porteños se diferenció de los duros cuestionamientos legales que formularon organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
El denominado "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" fue impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de impedir que la protesta social utilice cortes de calle, rutas, y medios de transporte como método de reclamo. La ministra Bullrich presentó el código antipiquetes con una postura dura, al señalar que se les dará a los manifestantes que bloqueen vías de circulación "cinco o diez minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos".
La entidad que representa a los abogados de la Capital Federal señaló a través de un comunicado su adhesión al protocolo, "en la medida que el procedimiento allí diseñado contiene un razonable equilibrio que asegura, por un lado, el derecho de reunión de los manifestantes, pero evita, además, que se produzcan desbordes que puedan comprometer la seguridad pública afectando derechos de terceros, sin acudir a medios en los que se ejercite, en forma alguna, la violencia sobre los manifestantes".
Ayer, el secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco amplió este concepto al indicar que "en el 99 de los casos no va haber balas de goma", y anticipó que "no es la idea" usar este tipo de armas en las movilizaciones civiles. "Queremos volver a un equilibrio entre el derecho a manifestar y peticionar y el derecho a circular libremente, lo cual es un proceso cultural que no va a cambiar de la noche a la mañana", advirtió el funcionario.
Lo cierto es que la iniciativa genera desconfianza y repudio entre sus detractores. El CELS, que conduce el periodista Horacio Verbitsky, expresó su rechazo contra el protocolo por "limitar de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y emitió un documento en el que enumeró siete puntos contra la medida.
La entidad que promueve políticas en defensa de los derechos humanos observó que la iniciativa del Gobierno considera que "la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad". Tras denunciar que "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social", remarcó además que el nuevo reglamento "no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar".
En la misma línea coincidieron las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, o la federación de trabajadores aceiteros, que conduce Daniel Yofra, que expresó a través de un comunicado "nuestro más profundo repudio y preocupación por su contenido antidemocrático".
Además, organizaciones políticas como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores impulsa el repudio del protocolo en el Congreso de la Nación. También se expresaron en contra el Partido Socialista, la agrupación Libres del Sur, Quebracho, el MST, y la Unidad Popular de Claudio Lozano.
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