A través del decreto 2635, publicado en el Boletín Oficial, el kirchnerismo dispuso "el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del 'Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales' del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la Ley N° 23.548".
La decisión administrativa –que llamativamente lleva la firma de todo el gabinete nacional– surge luego de un fallo de la Corte, que dos días después del ballotage declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El fallo implica un enorme desafío para el gobierno de Mauricio Macri. En cuanto asuma, tendrá menos de 120 días para negociar cuándo y cómo pagará a las provincias a las que Cristina Kirchner les descontó el 15% de los impuestos coparticipables durante años para financiar jubilaciones superiores a lo permitido que las provincias habían otorgado. Por el momento no hay cifras exactas acerca de cuál es el monto multimillonario que deberán reintegrar pero se estima que serán $80.000 millones solo a Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Críticas a la Justicia
Según el Gobierno, la determinación de la Corte "está llamada a producir un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social".
Además, señalan: "De no preverse una decisión rápida que impida la continuidad de la detracción declarada inconstitucional, se incrementarían los montos adeudados con sus intereses al resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando una sustancial y profunda modificación en el régimen de coparticipación federal de impuestos, ocasionando a la vez el desfinanciamiento de la Anses".
Califican como "necesidad urgente" la medida de extender el cese de la detracción a todo el territorio nacional y asegura que prevén "la debida protección al sistema para que no se resientan las prestaciones".
La intervención del BCRA
Según la sentencia de la Corte, el Estado Nacional deberá: "(1) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan". La orden también rige para la provincia de Córdoba.
En este marco, el decreto 2635 señala que "sustituirán" el financiamiento con fondos del Tesoro Nacional "hasta que se rediscutan los términos de un nuevo régimen", que deberá ser acordado entre el gobierno de Mauricio Macri y las provincias dentro de los primeros cuatro meses de la nueva administración, que asumirá el 10 de diciembre.
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