En un mega decreto 2535, que consta de un anexo con 387 folios, más extenso que el propio presupuesto original para 2015, el Gobierno dispuso el último jueves, antes del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, incrementar el déficit fiscal en $123.698 millones, según surge de sumar el aumento de las partidas de gastos corrientes y de capital y restar los recursos corrientes y de capital adicionales a los previstos.
Cabe destacar que fue el último jueves cuando sorpresivamente la Secretaría de Hacienda, a cargo de Juan Carlos Pezoa, dio cuenta de los movimientos de fondos del sector público nacional base caja, excluidas provincias y municipios, correspondiente a agosto y septiembre con un déficit total de $139.551 millones.
De ahí que con el agregado de las autorizaciones de gastos que valida hoy el Boletín Oficial por más de $133.000 millones e ingresos por sólo $9.606 millones, se resolvió incrementar el piso del desequilibrio fiscal a $263.000 millones, aunque escala a $360.000 millones si se agrega el efecto del financiamiento de la Anses y Banco Central por poco más de $96.000 millones que Hacienda contabiliza como ingresos genuinos.
Semejante rojo fiscal es equivalente a 7,7% del PBI, hasta noviembre. De ahí que algunos analistas ya estiman que con el agregado del estacional déficit de diciembre el año se perfila a cerrar con un bache entre ingresos genuinos y gastos totales de más de $400.000 millones, superior a 8% del PBI base caja.
El rojo real se conocerá cuando las nuevas autoridades que asuman el 10 de diciembre reciban el inventario de Hacienda con los gastos ejecutados y comprometidos, pero aún no pagados, que ya se estiman en más de 30.000 millones de pesos.
La firma del mega decreto 2535 se justifica en que "es necesario incrementar los créditos presupuestarios a fin de atender las erogaciones resultantes de las mejoras en las remuneraciones, que comprenden al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo Nacional y al Ministerio Público dispuestas por normas legales durante el presente año", incluidas las empresas públicas como Aerolíneas.
Las mayores partidas aprobadas están dirigidas al Ministerio de Trabajo con $63.675 millones para poder hacer frente al pago de las jubilaciones y pensiones en los últimos dos meses del año, porque el Gobierno no pudo obtener recursos genuinos para hacer frente a esas erogaciones básicas.
Le siguen otros $10.726 millones para atender servicios de la deuda pública; $9.510 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y $3.127 millones para el Ministerio de Salud, entre otras innumerables partidas explicitadas a través de 387 páginas anexas al decreto de marras.
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Entre las nuevas partidas de gasto aprobadas por el conjunto de ministros y la firma del jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández y la presidente Cristina Kirchner se incluyen $746 millones para que Aerolíneas Argentinas pueda "financiar gastos de operación", y otras partidas por unos $1.500 millones para el "pago de subsidios a las empresas de autotransporte público de pasajeros".
También se decidió sobre el cierre del año reforzar las partidas para el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal "con el fin de atender los gastos destinados a la retribución de los internos que trabajan en los talleres de laborterapia"; para la Gendarmería Nacional, "con el objeto de afrontar los gastos que demandan los operativos de seguridad a los que se encuentra afectada"; el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, "ante la necesidad de financiar los gastos correspondientes a la finalización de la Campaña Antártica 2014/2015 y dar cumplimiento a las tareas previstas durante la Campaña Antártica 2015/2016", entre otros innumerables gastos que no fueron debidamente presupuestados.
Impacto inflacionario y Pagadiós
La mayor parte de esas erogaciones serán atendidas con la emisión de pesos por parte del Banco Central, y en menor medida con la autorización a la Secretaría de Finanzas a emitir deuda pública por unos $50.000 millones, con vencimiento entre 90 días y dos años de plazo.
De ahí que a menos de 15 días de finalizar su mandato el gobierno nacional no solo dispuso un sideral incremento del gasto público, pese a no contar con los recursos fiscales para solventarlos, sino que también agrega deuda con vencimiento en los primeros años de la próxima administración.
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