Esta nota fue escrita en colaboración con Andrés Serbin
En los últimos meses es difícil leer cualquier medio internacional y no toparse con una noticia alarmante sobre Venezuela. Sea por la grave escasez interna de alimentos y medicamentos, por las tensiones fronterizas con Colombia que llevaron a la deportación forzada de miles de colombianos, por la violencia descontrolada que ha dado lugar a 25 mil homicidios en el año 2014, por los rumores de insubordinación en la Fuerza Armada, por las acusaciones ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. O más recientemente, por el arresto del ahijado de Maduro en Haití en una operación antidrogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que lo acusó de intentar traficar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos a bordo de un avión perteneciente a la compañía Eveba, de la cual el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es socio. Venezuela nos abruma con informaciones cotidianas impactantes. A todo esto se suman las evaluaciones de diferentes instituciones financieras que pronostican, dada la situación económica del país y el derrumbe de los precios internacionales del petróleo, un 68% de posibilidades de que el Gobierno tenga que declarar un default en 2016.
Estas informaciones se producen, por otra parte, en el marco de un tenso escenario preelectoral. Las elecciones legislativas deberían realizarse el 6 de diciembre y todas las encuestas apuntan a la posibilidad de una victoria rotunda de la oposición venezolana. En caso en que se materialice esta victoria, la primera víctima sería Diosdado Cabello, que vería amenazado su actual puesto como presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre del Gobierno, tanto si la oposición obtiene una mayoría simple como si se queda con una mayoría calificada. Si la oposición obtuviese una mayoría calificada de miembros de la Asamblea (dos tercios), constitucionalmente no sólo podría movilizar a la población para la convocatoria de un referéndum, sino que también podría convocar a una Asamblea Constituyente que revocara o sustituyese la Constitución de 1999, que ha favorecido el control institucional del país por el Gobierno chavista.
Por otro lado, una victoria de la oposición implicaría un duro golpe al Gobierno en general, al quedar sin mayoría en la Asamblea Nacional, lo que restringiría su capacidad para aprobar nuevas leyes y renovar poderes extraordinarios al Ejecutivo. Pero, sobre todo, sería un indicador claro del inicio de la decadencia política del chavismo en Venezuela, después de 17 años de apoyo popular a sus Gobiernos. En suma, existen altas probabilidades de que se avecine un terremoto que golpeará los fundamentos del chavismo en Venezuela, lo que pondría en riesgo los intereses políticos y económicos de la elite gobernante, incluyendo a altos rangos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ante los prospectos negativos para el chavismo en las elecciones —refrendados por la mayoría de las encuestas—, varios funcionarios han salido a anunciar públicamente la necesidad de defender la revolución. El presidente Maduro declaró durante una entrevista transmitida por el canal estatal VTV: "Si se diera ese escenario, negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa". Estas enardecidas declaraciones no son casuales. Fuentes dentro del oficialismo venezolano indican que ya se están gestando los planes para el escenario poselectoral, en el cual se tomarían medidas extremas para mantener el control del chavismo sobre el Estado venezolano.
Una de las hipótesis es que Venezuela podrá "malvinizar" la crisis interna, para provocar un conflicto armado con Colombia o Guyana con el objetivo de llamar al estado de excepción, suspender garantías constitucionales, posponer las elecciones legislativas y buscar cohesión nacional con el pretexto de una amenaza extranjera. Las reiteradas denuncias de presiones e incursiones marítimas y aéreas de los Estados Unidos al espacio venezolano, sumadas a las deserciones de funcionarios de distintos ámbitos y rangos del chavismo transmutados en informantes de la DEA y de otros organismos estadounidenses, configuran un creciente cerco a las actividades del Gobierno chavista. Una respuesta a una presunta amenaza externa otorgaría un rol protagónico a la Fuerza Armada, que ya juega un papel central en la dinámica política y económica del país, y sería la más perjudicada si el chavismo colapsara y abandonara el poder.
Una segunda hipótesis —alimentada por abundantes rumores— apunta a un autogolpe de Estado, en el cual también se llamaría al estado de excepción y se suspenderían garantías constitucionales bajo la excusa de tener que tomar medidas extremas para preservar la revolución. En este caso queda poco claro si la alternativa sería que se mantengan las mismas autoridades a la cabeza del Gobierno, con la creación de una junta cívico-militar, o si se buscaría desplazar definitivamente a Maduro y a su equipo.
En el marco de estas consideraciones, las perspectivas de Venezuela son confusas y altamente preocupantes. Tocará ver no sólo cómo se desenvuelven las elecciones de diciembre y de qué manera aceptará el oficialismo los resultados, sino también esperar que no se den los peores escenarios que se pronostican. Y en caso de que desafortunadamente se produzcan, que la comunidad internacional, pero sobre todo los actores regionales latinoamericanos, siguiendo el ejemplo de la posición asumida recientemente por el secretario general de la Organización los de Estados Americanos Luis Almagro y el Gobierno de Uruguay, tomen un rol activo en denunciar la situación y en prevenir la escalada de un conflicto para apoyar la resolución pacífica de las disputas, así como la preservación de los valores y de las instituciones democráticas.
Coordinador de Investigaciones
Oficial de Enlace CRIES/GPPAC - Programa de Prevención de Conflictos