Preguntado sobre si aún se mantiene el plazo de seis meses para firmar el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, el comandante Carlos Antonio Lozada, plenipotenciario de las FARC, dijo a la prensa que "ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando se trate de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia".
"En este momento se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los seis meses", añadió Lozada, sin dar detalles.
En un histórico encuentro para la firma de un acuerdo sobre justicia transicional en La Habana, Santos y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez ("Timochenko"), se comprometieron el 23 de septiembre a firmar en un plazo máximo de seis meses un acuerdo para poner fin al conflicto armado de medio siglo en Colombia, es decir, a más tardar el 23 de marzo.
Pero Santos dijo el sábado que esperaba firmar ese pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incluso antes de la fecha límite acordada con la guerrilla, alentado por la buena marcha de las negociaciones que se desarrollan en La Habana y que comenzaron en noviembre de 2012.
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"Si seguimos como vamos, yo espero poder firmar esa paz antes del 23 de marzo, como acordamos de fecha límite con las FARC", dijo Santos en un acto público en la ciudad de Mompox, norte de Colombia.
El comandante Lozada había advertido a comienzos de octubre de que no sería "viable" firmar la paz en el plazo fijado si el Gobierno hacía "retroceder" lo avanzado en el trascendental acuerdo sobre justicia, el tema más espinoso del proceso.
El Gobierno y la guerrilla concluyeron el anterior ciclo de pláticas –el número 42– con fuertes disputas sobre los alcances de ese pacto, que contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de cárcel para los responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para los delitos políticos.
Las partes, que discuten actualmente el complejo punto sobre víctimas, han alcanzado hasta la fecha acuerdos parciales sobre la reforma rural, participación política y drogas ilícitas.
Quedan pendientes los temas de desarme, para el cual ya trabaja una comisión conjunta de carácter técnico, y el mecanismo para refrendar el eventual acuerdo de paz, sobre el que también difieren.
El conflicto armado colombiano ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
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