El informe confidencial sobre el estado de YPF que manejan los candidatos presidenciales

Desde que hizo pública su voluntad de estatizar las acciones que Repsol tenía en YPF, el kirchnerismo intentó darle a esa medida una pátina de gesta patriótica. Orientó su relato a trazar una frontera entre quienes lo apoyaron y los que no, y a esos últimos llenó de críticas. Y luego buscó comprometer a cuanto dirigente confesara aspiraciones presidenciales a tomar posición al respecto con el objetivo de exponerlo en esa lógica.

Pero aunque el Gobierno elogia a menudo el funcionamiento de la petrolera, y se esfuerza en presentar el caso como ejemplo de que una gestión estatal puede ser mejor que una privada, lo cierto es que los resultados que hoy muestra la compañía arrojan un panorama preocupante. Así se desprende de un documento con información reservada que llegó a manos de los principales candidatos a presidente.

En el entorno de Miguel Gallucio confiesan que por estos días el CEO de YPF "está paranoico". A su oficina, ubicada en el piso 34 de la torre de Puerto Madero, nadie puede ingresar si antes no deja su teléfono celular. Desde hace un tiempo, se mueve en tres autos blindados, con un equipo de custodios compuesto por ex integrantes del Ejército. Ningún ministro del gabinete nacional dispone de ese nivel de seguridad.

El reporte puso en evidencia que la firma enfrenta serias dificultades. El problema más importante está sujeto a un endeudamiento en alza, provocado por un cóctel explosivo: baja del precio del petróleo, disminución de los subsidios que les transfiere el Tesoro y la devaluación del peso.

YPF paga unos USD 800 millones de intereses anuales

Según una estimación, los intereses que YPF paga cada año se ubican en unos USD 800 millones. La cifra es similar al resultado final que mostró el balance al cierre de 2014.

En consecuencia, el sector financiero se ve forzado a financiar el programa de inversión de la petrolera para avanzar, aunque lentamente, con el Plan Piloto de Vaca Muerta. Es que la emisión de deuda en el mercado internacional está limitada por el default selectivo que mantiene el Gobierno. Y aun si pudiera hacerlo, debería pagar una tasa próxima a 10% anual en dólares.

En lo operativo, el escenario que describe el informe aparece incierto porque el "crecimiento de la producción de petróleo y gas es muy magro respecto del muy importante nivel de inversiones realizado". En ese punto, resalta que "se destruye capital en proyectos de inversión que no tuvieron la productividad necesaria", entre los que menciona el desarrollo de shale oil con pozos verticales, cuya extracción cayó de manera notable en los últimos meses.

El documento alerta por la "elevada dependencia de subsidios" que tiene la empresa y el impacto negativo que tendría en su rentabilidad "un sinceramiento de la devaluación del peso y una política de reducción de precios de los combustibles para alinearlos a los internacionales".

También advierte sobre la herencia que recibirá el próximo gobierno por "las adquisiciones de yacimientos, empresas y activos petroquímicos por parte de YPF, porque aumentan el endeudamiento sin que se adviertan con claridad los beneficios de esas acciones". Para peor, en muchos casos, amparado en la suba que tuvo el precio del petróleo en los últimos años, la empresa aumentó notablemente la contratación de servicios petroleros y especialmente de salarios y beneficios de afiliados gremiales sin recibir en contraprestación un crecimiento de la productividad para solventarlos.

En el último tiempo, muchos colaboradores y algunos ministros comenzaron a ver con cierto recelo las contrataciones directas que hace la empresa, en particular con uno de los beneficiarios: Schlumberger Limited. Se trata de la mayor compañía de servicios a yacimientos petroleros del mundo. Radicada en Houston, Texas, emplea a unas 126 mil personas en 85 países. Allí trabajó Gallucio antes de tomar las riendas de YPF.