La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la petrolera estatal.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron este martes una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura que en febrero había archivado la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
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El PSDB acusó a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
Con la acción de la reapertura del caso, Rousseff y Temer serán convocados a presentar una defensa, y ordenarán la producción de la prueba. Sólo después de estos pasos, el TSE puede juzgar si hubo o no fraude en la campaña.
El partido opositor, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña y publicidad institucional en época de veda".
Es la primera vez que la Justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
Tras analizar estas presuntas maniobras, se espera que el Tribunal de Cuentas decida este miércoles si aprueba o rechaza las cuentas del gobierno de 2014, algo que allanaría el camino para la apertura de un proceso de impeachment (procesar a un alto cargo público) en el Congreso, que también deberá evaluar las cuentas.
A raíz de la crisis del país, el escándalo de corrupción y el bajo nivel de su popularidad, Rousseff emprendió una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base aliada en el Congreso.
El izquierdista PT, que asumió el poder en 2003, es blanco permanente de acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, que tiene bajo investigación a políticos de varios partidos y a grandes empresarios de Brasil.
El ex tesorero del PT, João Vaccari, fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, ex jefe de Gabinete del primer gobierno de Lula da Silva (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa, señalado como el creador del fraude que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la petrolera.
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