El ministro de Economía, Axel Kicillof, avaló la creación de una mesa de discusión para negociar una reducción de las inversiones de la actividad hidrocarburífera de Chubut. La iniciativa pretende minimizar el impacto producido por el desplome del precio del petróleo crudo, cuya caída afecta a la rentabilidad de esa industria.
El encargado de llevar adelante la negociación es Nicolás Arceo, director de YPF y hombre de confianza del candidato a diputado de La Cámpora. El funcionario encabezó la semana pasada en el Hotel Meliá una reunión con representantes del gobierno de Chubut, de las petroleras Pan American Energy (PAE), Tecpetrol (Techint) y EnapSipetrol y dirigentes sindicales como Jorge Ávila, secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de esa provincia.
"Estamos negociando un plan de contingencia", reconoció ayer el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, en la exposición Argentina Oil & Gas. Según informaron los diarios Clarín y La Nación, la idea es detener la perforación de los pozos petroleros, que en su mayoría están ubicados en Chubut, desde el 1 de diciembre hasta el 20 de enero.
"Estamos hablando de que una empresa que tenga 14 equipos suspenda en diciembre la actividad de unos siete. Y que esos empleados vuelvan al trabajo un mes después, cuando se tome vacaciones el grupo restante", explicó el gremialista Ávila.
En otras palabras, se trata de recortar las inversiones y frenar temporariamente la actividad de exploración en los yacimientos. Pero el acuerdo todavía no está confirmado. A cambio de aceptar estas condiciones, Ávila planteó dos reclamos para garantizar la estabilidad laboral y el ingreso de los trabajadores.
Por un lado, el gremialista solicitó que las empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge mantengan el plan de inversiones para el próximo año, cuya suma asciende a USD 4000 millones. Por el otro, pidió que el Gobierno exima a los trabajadores del sector del pago del Impuesto a las Ganancias. Es que por el aguinaldo de diciembre y el adelanto de las vacaciones sumarían una remuneración superior a los 80.000 pesos, por lo que sus salarios sufrirían un duro recorte por la percepción del fisco.
Por su lado, las patronales quieren que se siga pagando en el mercado interno un precio de barril de crudo más alto que el internacional. Las petroleras venden a los consumidores argentinos a USD 63 el barril, un valor que está por encima del precio internacional y por el que reciben USD 45 dólares para exportar. Ese valor del combustible surgió a partir de un acuerdo sectorial firmado en 2014 para mantener el nivel de actividad, pero se vence el 31 de diciembre de este año.
Con este panorama negro, las empresas pujan para que haya una eliminación de las retenciones a las exportaciones del petróleo o una mejora en los precios locales.
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