La organización de una consulta simbólica sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional, ha generado las primeras consecuencias serias en los estrados españoles para el actual presidente de la Generalitat.
Artur Mas, acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, está citado a declarar el 15 de octubre. La decisión se produce dos días después de unas elecciones regionales que dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas en el parlamento catalán.
"En seguimiento de la presente instrucción se acuerda la práctica de las declaraciones de los querellados (...): día 15 de octubre de 2015, a las 10 horas de la mañana, declaración del Muy Honorable Señor Artur Mas i Gavarró", señala la providencia del juez instructor.
La fiscalía se querelló en diciembre contra el presidente regional saliente y dos miembros de su antiguo ejecutivo por la organización de esta consulta simbólica y sin valor legal, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron a favor de la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.
El Tribunal Constitucional había prohibido la consulta
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Su Ejecutivo, que desde 2012 solicitaba la organización de un referéndum de autodeterminación denegado por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó su celebración a pesar de que el Tribunal Constitucional, recurrido por Rajoy, la había prohibido de forma cautelar para estudiar si se adaptaba a la legalidad.
En junio, esta corte certificó su ilegalidad, porque "una comunidad autónoma no puede convocar ni realizar actuaciones que auspicien la convocatoria de una consulta popular, aun no refrendaria, que desborde el ámbito de las competencias propias", entre las que no se encuentra la integridad territorial del país.
Impedidos de poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del pasado domingo para convertirlas en una especie de plebiscito para su plan de separar Cataluña del resto de España en 2017.
Los partidos independentistas no obtuvieron la mayoría de los votos, pero consiguieron una mayoría absoluta en la cámara regional (72 de 135 escaños), que, en su opinión, los legitima para proceder hacia la independencia de esta región del noreste de España.
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