Corrupción en la FIFA: imputaron a Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis por lavado de dinero

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la apertura de una investigación sobre Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los argentinos sospechados de haber intervenido en el reparto de coimas en la FIFA.

Pollicita imputó a Burzaco -detenido en Estados Unidos- y los Jinkis -con pedido de extradición en trámite- a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que está radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.

La denuncia se centra en que las empresas de Burzaco y Jinkis, Torneos y Competencias y Full Play, obtuvieron los derechos exclusivos para transmitir diferentes campeonatos de fútbol mediante el pago de sobornos.

Los tres están acusados de vender los derechos de TV al Estado en precios "en perjuicio del patrimonio público"

Como tenían los derechos exclusivos, según la denuncia de Procelac, estaban en una situación de privilegio para vender la televisación al Estado nacional en sumas "exhorbitantes y en perjuicio del patrimonio público". La venta al Estado se realizó a partir de la Ley 25.342 del año 2000 que garantiza la transmisión televisiva de los partidos de la Selección Nacional de fútbol en torneos organizados por FIFA, Conmebol o el Comité Olímpico Internacional.

Como en Estados Unidos Burzaco y Jinkis están acusados de obtener los derechos mediante coimas, la Procelac califica a la venta en precios exorbitantes al Estado como una maniobra de lavado porque el origen de la adquisición es un ilícito.

Pollicita pidió varias medidas de prueba para que realice Rafecas. Infobae pudo confirmar algunas de esas medidas solicitadas a partir de fuentes judiciales.

Pidió Pollicita que se estudien los expedientes judiciales en los que se tramita la extradición de los Jinkis y en el que se investiga el manejo del dinero del Fútbol para Todos (FPT).

Pollicita solicitó que se sumen a la causa algunos contratos firmados por la Jefatura de Gabinete -a cargo de FPT- y las empresas bajo sospecha.

El fiscal pidió también una amplia investigación patrimonial de los imputados. El juez Rafecas debe decidir si hace lugar a lo solicitado por Pollicita al dar impulso a la causa.