Iván Velásquez, el juez anticorrupción que acorraló a Otto Pérez Molina

"El San Iván de la Justicia". Ese y otros signos de "adoración" son recurrentes en Guatemala desde que Iván Velásquez encabezara la comisión internacional que logró destapar una red de corrupción que involucraba al mismísimo presidente. Férreo defensor de los Derechos Humanos, este colombiano se hizo conocido en uno de los reductos más peligrosos y más famosos de los años 90: Antioquia, Medellín, cuna de narcos y de Pablo Escobar Gaviria. Fue allí donde comenzó a luchar contra los abusos paramilitares a una desprotegida población. Y hoy es quien ha puesto en jaque nada menos que a un jefe de Estado: Otto Pérez Molina debió dimitir y está detenido por corrupción.

Llegó en octubre de 2013 a Guatemala como miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), de las Naciones Unidas. El acuerdo fue firmado por el gobierno guatemalteco y el organismo internacional en 2007. Su "finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos".

Esas investigaciones encabezadas por Velásquez pusieron en jaque a Pérez Molina y a todo su gabinete, quienes renunciaron acorralados por casos de corrupción. Al poco tiempo de arribar a Guatemala, muchos sabían que el tiempo para que destapara hechos ilegales sería inmediato.

El pasado 16 de abril la CICIG destapó lo que se conoció como el caso La línea. La aduana de Guatemala era parte de un entramado de corrupción sin precedentes, y gran parte del gobierno nacional estaba involucrado en esa red. Las pruebas eran concluyentes, y la primera en caer fue la vicepresidente Roxana Baldetti Elías, un mes después de que las protestas populares se tornaran cotidianas.

"El comisionado Velásquez ha venido a impulsar casos que nadie más hubiera podido. Es muy difícil dar seguimiento a los delitos de cuello blanco, a la corrupción dentro del Estado, pero él lo pudo hacer porque no tiene ataduras que condicionen su actuar en este país, debido a que él no es de acá", señaló Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, según consignó el diario El País.

En Colombia, Velásquez investigó al ex presidente Álvaro Uribe. Sospechaba de los lazos del mandatario con los paramilitares colombianos y estuvo cerca de comprometerlo. Siendo procurador, logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que atendía denuncias de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Valle de Aburrá. Esas incluían detenciones clandestinas o arbitrarias, desaparición forzada de jóvenes de comunas populares, allanamientos y registros indiscriminados y cerramientos de barrios enteros, entre otros.

Desde 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, hasta que en 1997 fue escogido por el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez como Director Regional de Fiscalías en Medellín. Allí emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. Su investigación le permitió establecer cómo a través de empresas de fachada en Antioquia y Córdoba, el paramilitarismo había movido más de 25 mil millones de pesos colombianos.

El perfil bajo de Velásquez también es considerado un valor agregado a su tarea. Lo explica Helen Mack, activista en la lucha contra la impunidad en Guatemala: "Se le valora su sencillez y su nulo deseo de cobrar protagonismo. Su objetividad logró que los guatemaltecos que siempre supimos de esas redes de corrupción, viéramos por fin un caso sólido".