Mafia de los medicamentos: el juicio está paralizado por falta de pruebas

Fue una de las causas más complejas, mediáticas y resonantes de la última década. El sindicalista bancario Juan José Zanola y el droguero y financista Néstor Lorenzo estuvieron presos durante dos años, acusados por la supuesta adulteración de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos. En el 2013, el juez federal Norberto Oyarbide elevó la causa a juicio oral, que entre otros incluyó, además de los mencionados, a la mujer del sindicalista, Paula Aballay, y al ex recaudador de la campaña presidencial del Frente Para la Victoria del 2007, Héctor Capaccioli, este último por su rol al frente de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSN) y el eventual reintegro irregular de fondos a las obras sociales sindicales por dichos tratamientos.

Sin embargo, el juicio oral y público por la denominada "mafia de los medicamentos", que en principio había sido agendado para mediados del 2016, está suspendido porque faltan numerosos elementos de prueba, imprescindibles para la acusación de la fiscalía y para la preparación de la defensa de los acusados.

"Interrumpase la recepción de efectos que se vienen llevando a cabo en la División Control de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, por resultar imposible la medida atento las deficiencias advertidas por parte del juzgado instructor en el detalle de aquellos en el respectivo recibo –las cuales deben ser revisadas y subsanadas- y en vista a la cuantía de efectos que restan recibir", resolvió en febrero el Tribunal Oral Federal 5, el encargado de llevar adelante el proceso que ahora está en suspenso, el mismo tribunal de la megacausa ESMA.

Cuando el juez Oyarbide y su secretario Carlos Leiva, que instruyeron la causa, la elevaron a juicio, el TOF 5 le ordenó el envío de todas las pruebas secuestradas a lo largo de la investigación, que se basó principalmente en una batería de escuchas telefónicas que fueron transcriptas en el expediente. Gran parte de esas pruebas estaban o debían estar resguardadas, según explicaron desde el juzgado de Oyarbide, en un par de containers que los jueces federales tienen asignados, además del espacio físico de los juzgados. Los integrantes del tribunal se encontraron con que muchos de esos efectos no estaban o no habían sido remitidos por el juez.

"Resulta nada probable que pueda culminarse con al menos alguna chance de éxito el cumplimiento de las exigencias del art. 354 del rito para que las partes puedan examinar actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, con el fin de poder hacer sus ofrecimientos de pruebas. (...) Arbítrense por parte de la secretaría, los medios que sean absolutamente necesarios para obtener todo espacio físico útil –sea permanente, estable o movible tanto dentro del edificio o en cualquier otra repartición pública externa- para acopiar la documentación que hasta el día 18 de febrero de 2015 fuera certificada y recepcionada por este tribunal", resolvió el TOF 5.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, hasta estos días todavía no habían aparecido muchos de esos elementos de prueba, por lo que el futuro del juicio por la denominada "mafia de los medicamentos" es incierto. Según las fuentes, los casetes con las escuchas telefónicas y los expedientes de la Administración de Programas Especiales (APE) de la SSN –con los que las obras sociales cobraban millonarios reintegros-, se encuentran entre los principales faltantes.

Hasta faltaría el teléfono móvil secuestrado durante un allanamiento a uno de los empresarios involucrado en las maniobras investigadas, y uno de los que aportó a la campaña presidencial del FPV en el 2007. Se espera para los próximos meses la confección de un inventario para detallar los elementos recibidos por el tribunal y los faltantes. Las miradas están puestas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5.

A lo largo de la investigación, Oyarbide recibió severas reprimendas por parte de sus superiores. También fue duramente cuestionado y separado del expediente en el que investigaba por supuesto lavado de dinero a los responsables de la financiación de la campaña K, una causa íntimamente relacionada con la denominada "mafia de los medicamentos". El juez había sobreseído a Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Diez cuando en realidad el expediente ya debía haber sido enviado a su colega Ariel Lijo.

Lo cierto es que los vínculos entre la "mafia de los medicamentos" y la financiación del kirchnerismo en la elección del 2007 quedaron al desnudo tras el Triple Crimen de agosto del 2008, después de la aparición sin vida de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un descampado de General Rodríguez. A través de su empresa, Seacamp, Forza figuró como aportante al binomio Cristina Kirchner – Julio Cobos junto a decenas de farmacéuticas y droguerías. El empresario asesinado se había relacionado comercial y financieramente con el droguero Néstor Lorenzo y con Zanola, jefe de los bancarios y mandamás junto a su mujer del Policlínico Bancario, donde, según la investigación judicial, se habrían aplicado medicamentos adulterados proveídos por los empresarios mencionados.

Lorenzo, de hecho, fue un testimonio de peso en las pesquisas vinculadas al Triple Crimen: aportó en la Fiscalía de Investigaciones de Merceces un número telefónico clave de México correspondiente a Ibar Esteban Pérez Corradi, el autor intelectual del crimen, prófugo de la Justicia.