El fiscal general de El Salvador informó que el domingo pasado emitió 300 órdenes de captura contra pandilleros, o mareros, acusados de terrorismo por ser responsables de graves delitos contra empresas e instituciones oficiales, agentes de seguridad y población civil, sobre todo, durante el paro del transporte público que tuvo lugar entre el 27 y 31 de julio pasado.
Luis Martínez presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador —que procesa delitos del crimen organizado—, a 140 miembros de la pandilla Barrio 18 bajo la acusación de terrorismo por su participación intelectual y material en el boicot del transporte, que dejó un saldo de 11 empleados muertos y cuatro heridos, además de u$s30 millones en pérdidas económicas.
"Los 160 restantes están siendo perseguidos", apuntó el fiscal, quien aclaró que con la aplicación de la Ley contra Delitos de Terrorismo, que data de octubre de 2006, se "restablecerá el orden". En lo que va del año suman 41 policías, 15 militares y un fiscal asesinados. "Esta es una nueva estrategia para imponer orden y llevar paz social", dijo Martínez en rueda de prensa.
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Tras el paro en el transporte público, que se sintió sobre todo en el área metropolitana de San Salvador por donde transitan a diario más de un millón de usuarios de autobuses, las pandillas continuaron haciendo desmanes. Entre el 1 y el 10 de agosto fueron asesinadas 250 personas, de acuerdo a estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML).
Tan sólo el lunes pasado se registraron 37 asesinatos, unas cifras que ya se han hecho rutinarias y han obligado a contratar de emergencia a médicos forenses e incrementar los horarios porque no se da abasto, según Miguel Fortín Magaña, director del IML.
El diario español El País señala que con esta nueva estrategia para impedir que se sigan repitiendo estas acciones, el gobierno del ex guerrillero Salvador Sánchez Cerén muestra de nuevo "mano dura".
En varios comunicados y mensajes en redes sociales, los líderes de las maras hacen llamados al diálogo para frenar la violencia criminal. Los pandilleros quieren que sus jefes, que están en cárceles de máxima seguridad y casi en aislamiento total, regresen a penales comunes, como estuvieron durante la tregua que se pactó en 2012, cuando estaba en el gobierno el ex periodista Mauricio Funes.
"No vamos a dialogar con criminales", advirtió Sánchez Cerén, quien ha ordenado un mayor despliegue de policías y soldados en las calles y carreteras de todo El Salvador.
El Salvador es uno de los países más peligros del mundo, por su alta tasa de homicidios, unos 60 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a agencias de Naciones Unidas (ONU).
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