La marcha indígena llegó a Quito en una jornada marcada por el paro contra Correa

Los manifestantes entraron por el sur de la capital ecuatoriana y se quedarán en el céntrico parque El Arbolito hasta que el Ejecutivo los escuche. Los sindicatos ultiman detalles de cara a la huelga general

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La marcha de indígenas ecuatorianos, que partió hace diez días desde el sureste del país, llegó a Quito tras recorrer más de 700 kilómetros y este jueves se unirá a un paro nacional convocado por los sindicatos contra el gobierno del presidente Rafael Correa.

Los indígenas entraron por el sur de la capital y en una caminata, custodiada por policías, llegaron al céntrico parque El Arbolito, donde permanecerán hasta que el Ejecutivo de respuestas a sus demandas, según advirtieron varios de sus dirigentes.

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Sindicatos e indígenas exigen rectificaciones al gobierno de Correa, quien este miércoles vaticinó el "fracaso" de las protestas en su contra.

La nutrida marcha indígena fue también recibida por grupos de simpatizantes del gobierno bajo la consigna de "fuera golpistas, fuera", en réplica a un coro de los opositores que frecuentemente gritan "fuera Correa, fuera".

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En el trayecto no se han producido incidentes y, más bien, la fuerza pública, que ha caminado junto a la manifestación indígena, ha impedido altercados en los sitios donde los manifestantes se han encontrado con los oficialistas.

Las demandas incluyen el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales que permiten la reelección indefinida y que, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las convocantes a las protestas, atenta "contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores".

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Asimismo, la derogación de una Ley de Aguas, el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra, el restablecimiento de un sistema de "educación intercultural bilingüe" y el libre ingreso a las universidades.

También que no se firme un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), el fin de proyectos de minería a gran escala y la derogación de varios decretos considerados "antiobreros".

De su lado, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ultima los detalles para el "paro nacional" o huelga convocada para este jueves y que, según sus dirigentes, se extenderá por todo el país, aunque se estima que el grueso de la protesta se concentre en Quito.

Mesías Tatamuez, uno de los altos dirigentes del FUT, explicó en declaraciones a la prensa, que las protestas no buscan desestabilizar al gobierno ni "hacerle el juego a la derecha", como ha dicho Correa.

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El líder sindical, por contra, se preguntó cómo en un gobierno "que se dice revolucionario" sean los banqueros y grandes empresarios los que mayores ganancias han reportado, mientras en el pueblo "aún hay pobreza".

La presiente de la Asamblea Nacional (Parlamento), la oficialista Gabriela Rivadeneira, aceptó, en una entrevista con EFE, que se pueden haber cometido errores desde la administración central. Pero enfatizó que son injustificadas las protestas contra un gobierno que ha mejorado la condición de vida de los ecuatorianos, sobre todo de los sectores más pobres de la sociedad.

Rivadeneira hizo un llamamiento al "diálogo" a todos los sectores populares, aunque señaló que hay grupos de oposición que no aceptan esa alternativa y que están empeñados en "generar el caos".

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Sobre todo apuntó a grupos de derechas como responsables de llevar adelante el llamado "golpe blando", como denominó a una supuesta estrategia de carácter internacional de sectores poderosos para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región.

Por su parte, el presidente Correa, a su regreso anoche de Paramaribo, donde participó en los actos de investidura de su colega de Surinam, Desi Bouterse, vaticinó el "fracaso" de la protesta obrera e indígena en su contra.

"El paro va a ser un fracaso", así como la marcha indígena, afirmó Correa en una rueda de prensa, aunque aceptó que será una jornada de "un gran desafío" para el gobierno. Según el gobernante, los opositores "van a tratar de generar violencia", aunque admitió que "esos son los riesgos porque (los críticos) no tienen alternativa, porque no tienen apoyo popular".