Un funcionario oficial dijo a The Associated Press que el documento no representa sanciones adicionales a las adoptadas por el presidente Barack Obama en diciembre. El funcionario, que solicitó el anonimato porque su despacho le prohíbe hablar con periodistas, explicó que la publicación de regulaciones en el Registro Federal forma parte del proceso de implementación de sanciones.
La fuente explicó la importancia de que el expediente esté ahora en la Oficina de Control para los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) porque las regulaciones también estipulan mecanismos para que los investigados obtengan asesoría legal en Estados Unidos si desean apelar la medida o recuperar algún activo que les haya sido incautado.
The Associated Press solicitó una reacción a la embajada venezolana, sin que nadie contestara.
Obama anunció en diciembre el congelamiento de bienes en Estados Unidos pertenecientes a siete funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron más de 40 muertes el año pasado en la nación sudamericana.
Ya el Departamento de Estado había suspendido el año pasado 56 visas a funcionarios venezolanos y parientes. El funcionario rehusó precisar si las autoridades estadounidenses se han incautado de activo alguno.
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La decisión acrecentó las tensiones entre ambos países, que no intercambian embajadores desde 2010.
Los sancionados:
-Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Es acusado de complicidad y de ordenar, controlar y dirigir -con una participación directa o indirecta- actos de violencia que derivaron en actos de violación a los derechos humanos de los manifestantes de las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014. Como director general del Sebin, fue asociado con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del Servicio de Inteligencia ha cometido cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
-Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
-Katherine Nayarith Haringhton Padron, fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20. En su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpes de Estado. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
-Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Los miembros de la PNB a su cargo hicieron uso de la fuerza física contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo disparos de munición real.
-Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin). Era el jefe del Sebin el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon contra los manifestantes y mataron a dos personas cerca de la oficina del procurador general.
-Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y ex comandante de la Región para Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
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