Argentina volvió a quedar entre los últimos países en un ranking mundial de seguridad

Cada encuesta sobre las principales preocupaciones de los argentinos tiene a la inseguridad y la corrupción entre las principales respuestas. Pero, por el momento, no parece haber mejoras en la materia: según el "Índice de Estado de Derecho" que realiza la ONG norteamericana World Justice Project (WJP), la Argentina tuvo un mínimo descenso en ambas categorías en el ranking elaborado entre 102 países.

Infobae tuvo acceso a la edición 2015 del informe que será oficialmente presentado este martes. La tabla es armada en base a 47 indicadores organizados en ocho grupos: "orden y seguridad", "ausencia de corrupción", límites al poder gubernamental", "gobierno abierto", "derechos fundamentales", "cumplimiento regulatorio", "Justicia civil" y "Justicia penal".

En el promedio de todos los factores, Argentina se ubicó a mitad de tabla y quedó en el 54º puesto, cuatro escalones por arriba de la posición obtenida en 2014. Primeros a nivel mundial quedaron Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Holanda. Últimos terminaron Zimbabue, Afganistán y Venezuela. Entre Latinoamérica y el Caribe, el país se ubicó séptimo, detrás de Uruguay (22º en el ranking mundial), Costa Rica (25), Chile (26), Jamaica (42), Brasil (46) y Panamá (49).

Argentina tuvo un leve descenso en las categorías "orden y seguridad" y "ausencia de corrupción". En diálogo con Infobae, Alejandro Ponce, director de Investigaciones de la ONG, minimizó la importancia de la caída: "Es algo mínimo. Es difícil que te salga exactamente el mismo score del año anterior. Pero si vemos los puntajes de cada uno de los especificadores, a lo mejor sí existen cambios que se notan más que otros. En el caso de corrupción del área judicial, por ejemplo, se nota un ligero empeoramiento en la influencia gubernamental en el sistema penal".

En "orden y seguridad", el país pasó del puesto 10 al 12 a nivel regional y del 83 al 84 a nivel mundial. En el 83º escalón quedó Malawi y en el 85º, Uganda. Luego los siguieron Sierra Leona, Ucrania y República Dominicana. Últimos quedaron Afganistán (100), Pakistán (101) y Nigeria (102).

Tres variables fueron relevadas para esa evaluación. En "Conflictos civiles", el país logró el máximo resultado posible, lo que indica la completa ausencia de ese tipo de problemas. Los malos resultados estuvieron en las categorías "Crímenes" y "Venganzas violentas", donde Argentina consiguió notas de 0,54 y 0,28 respectivamente, en un índice en el que 1 es el resultado máximo y 0 el mínimo.

"El ranking de seguridad refleja lo que pasa constantemente en Argentina. Sabemos que hay crímenes todos los días. Obviamente eso se ve reflejado en los puntajes que tenemos. Es simplemente una herramienta extra para quienes están trabajando en este tipo de temas", explicó Ponce, quien señaló que las bajas calificaciones en seguridad y corrupción son también las máximas preocupaciones en el resto de la región.

En "ausencia de corrupción", la Argentina quedó séptima entre los 19 países de América Latina y el Caribe evaluados (en 2014 estaba cuarta) y 51º entre las 102 naciones evaluadas (había sido 47º hace un año). Para elaborar ese ranking, se consideró la corrupción en cuatro ámbitos. Ninguno tuvo una gran evaluación. El Poder Judicial quedó primero, con una nota de 0,63. Lo siguieron las fuerzas de seguridad y armadas (0,6) y el Poder Ejecutivo (0,45). Con mucha diferencia, último quedó el Poder Legislativo (0,26).

El país obtuvo sus mejores resultados en la categoría "derechos fundamentales". Aunque bajó dos puestos en el ranking mundial (pasó de 31 a 33) y uno en el regional (de 3º a 4º), Argentina tuvo fue especialmente destacado en los rubros de "libertad de religión" (0,82), "derecho a la vida y la seguridad" (0,79) y "libertad de asociación" (0,71).

El estudio fue realizado en base a una encuesta a 1.000 habitantes repartidos entre las tres ciudades más grandes de cada país. También son consultados unos 25 expertos de cada nación en cuestiones de justicia civil y criminal, materia laboral y salud pública. En el caso de la Argentina, unas 700 personas fueron encuestadas en la Ciudad de Buenos Aires, unas 150 en Rosario y otras 150 en Córdoba capital.