Militar exiliado acusa a los gobiernos de Venezuela y Bolivia de planear una red narco

Según reporta la revista brasileña Veja, el coronel boliviano Germán Cardona relató en su informe "Ultrasecreto" que "hace seis años Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, bajo el manto de una entidad ficticia denominada Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo figuran Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizaron viajes a España". Los viajes, de acuerdo con la revista, tenían como objetivo "financiar una nueva organización política con la finalidad de, una vez que conquistaran el gobierno, fuera constituida una puerta directa de entrada de cocaína en Europa".

Cardona viajó en abril pasado a España para pedir asilo político. El informe de 34 páginas, reproducido parcialmente por Veja, es presuntamente el mismo que incluye el llamado "caso terrorismo" por el cual Cardona alegó sufrir persecución y haber tenido que huir a España. Tiene fecha del último 20 de febrero en Santa Cruz de La Sierra y fue entregado al comandante del Ejército de Bolivia, general José Luis Bengazo. Cardona, también abogado, trabajó como asesor jurídico de la Octava División del Ejército, fue profesor universitario y director del Hospital Militar Número 2 en Santa Cruz de La Sierra.

De acuerdo con lo apuntado con Veja, la cocaína peruana y boliviana saldría del Aeropuerto Internacional de Chimoré (Bolivia) para Venezuela en aviones militares, que, según Cardona, "por ser oficiales de un Estado no pueden ser interceptados en el espacio aéreo internacional". Los aviones Hércules C-130 supuestamente dejarían Venezuela con armamento militar y retornarían con cocaína y automóviles que llegan a Bolivia robados de Brasil, subrayó la revista. Así la droga sería embarcada nuevamente en Caracas con destino directo a Europa "sin usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia".

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En abril de 2009, las autoridades bolivianas desmantelaron un grupo en la ciudad de Santa Cruz que, según el Gobierno, planeaba acciones terroristas y la organización de milicias para apoyar la eventual secesión de esa región, planes supuestamente financiados por líderes autonomistas cruceños enfrentados al Ejecutivo.

En el informe confidencial para el comando del Ejército, Cardona plasmó "hechos de corrupción y narcotráfico que comprometen al Gobierno" y denunció el uso de armas custodiadas por los propios militares como pruebas en el llamado "caso terrorismo" de Estado. Esas armas decomisadas, siempre según el informe del militar, fueron presentadas el 16 de abril de ese año como pertenecientes al supuesto grupo terrorista, del que formaban parte varios ciudadanos europeos.